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Cada semana son más de 800 nuevos propietarios los que pierden sus viviendas al no poder hacer frente al pago mensual de su hipoteca. En los tres primeros meses de 2010, 27.561 personas se quedaron sin casa por esta causa.

Los pequeños y medianos empresarios, autónomos y trabajadores de la construcción son los que más han sufrido en sus carnes las ejecuciones hipotecarias, según publica el suplemento Propiedades del diario El País, donde se apunta que en 2008 aumentaron un 128% estos casos y en 2009 un 59%.

Además, habría 1,4 millones de créditos susceptibles de no poder ser pagados, la mayoría de ellos firmados durante el llamado 'boom inmobiliario'.

Según datos del Banco de España, las entidades financieras españolas tienen propiedades por valor de 20.500 millones de euros, cifra que va en aumento porque se están quedando con la gran mayoría de inmuebles embargados, que no encuentran postores en las subastas judiciales.

En estos casos, los bancos se adjudican los pisos por el 50% del precio de tasación, al tiempo que siguen reclamando a los propietarios el resto de la deuda.

En este sentido, asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca luchan por conseguir que, tal y como sucede en otros países europeos y en EEUU, la deuda quede saldada con la ejecución del préstamo por parte del banco. Es decir, que con la dación en pago, en caso de tratarse de residencia habitual, el propietario no sea más penalizado.

11/2010

La crisis inmobiliaria estadounidense se ha hecho sentir con particular severidad en Florida, un área geográfica donde en los últimos cinco años, más de 100.000 familias han perdido sus casas por no poder asumir el pago de la hipoteca.

Hace unos cinco años que explotó la burbuja de las "subprime", una época en que los precios de los inmuebles subieron artificialmente, impulsados por un maquiavélico mecanismo de ventas que puso mucha a gente a pagar únicamente bajos intereses de sus hipotecas durante un tiempo, a cambio de que posteriormente la mensualidad subiría a la "estratósfera".

A consecuencia de ello, muchos propietarios – especialmente hispanos de bajos recursos y víctimas de la recesión y el desempleo – perdieron la capacidad de pagar sus hipotecas. Fue así como en todo el país, desde el 2008 a la fecha, han sido devueltas a los bancos, unas 340 mil casas o apartamentos por falta de pago. Un tercio de ellos en Florida, el segundo peor estado del país – el primero es Nevada, y le siguen Florida, Utah, Georgia, Illinois, Hawaii, Michigan y California.

En Estados Unidos, cuando un propietario deja de tener capacidad para pagar su hipoteca suele hacer una de dos cosas, abandona el inmueble de inmediato o se queda hasta que el banco lo lleve a los tribunales y un juez determina su desalojo, un proceso que puede tardar hasta dos años.

Sin embargo en Florida, la mayoría de los propietarios prefiere abandonar las casas de inmediato con lo cual se creó un problema. Ahora, muchos barrios están quedando abandonados lo cual levanta un problema de seguridad. Es que las autoridades, a brazos con drásticas restricciones financieras en muchos municipios por la crisis económica, han reducido, entre otros, los servicios de policía.

Según la oficina del gobernador de Florida, en el estado deambulan diariamente por sus calles alrededor de 60 mil personas que no tienen un techo donde abrigarse. Son los llamados "homeless", los "sin techo".

Casas para los 'sin techo'

Pero ahora, aunque sin el amparo de la ley, las casas abandonadas están comenzando a cobrar vida de nuevo, gracias a un poco conocido movimiento de raíces populares, iniciado por gente como Mark Guerette, que creó "Save Florida Homes", decidido a darle una utilidad a las casas abandonadas y aprovechando una vieja ley estatal de 1869, que autoriza la confiscación de las propiedades abandonadas que no sean reclamadas por sus propietarios en un plazo de siete años.

"Todas estas propiedades pueden ser usadas para hacer el bien a la gente", justifica Guerette que, tras identificar varias propiedades abandonadas en los condados al norte de Miami las ha entregado a personas sin techo, a quienes cobra un módico alquiler que ha sido invertido en arreglar los inmuebles. El alquiler se cobra por una cuestión legal, en caso de litigios con los bancos los ocupantes de las propiedades están protegidos de eventuales demandas.

"Hay alrededor de 4.000 personas sin techo en el condado de Broward [al norte de Miami] y la cifra crece continuamente. Pensé que podía usar estas casas y poner a la gente a vivir allí. Puede ser algo bueno", explicó Guerette al The New York Times.

Guerrete está teniendo problemas con ley por esto. Las autoridades de la ciudad de North Lauderdale, por ejemplo, creen que es un estafador, entre otras razones porque él y otras personas, van a juicio en diciembre para que las autoridades decidan si pagar los impuestos y mantener la propiedad en condiciones, es suficiente para apropiarse de ella, basado en la ley estatal de 1869 y otra nacional de 1859, que sirvió en esa época, para casos menos nobles: reclamar la propiedad de un esclavo si su dueño fallecía sin dejar un testamento.

Según el abogado del municipio de North Lauderdale, Sam Goren, por muy loables que sean las intenciones de Guerette, hay una realidad: de todos modos es ilegal ocupar una propiedad de la cual no se es dueño, sin el permiso de un tribunal.

Guerette nunca ha ocultado a sus "clientes" de que no es el propietario de los inmuebles abandonados. Pero a ellos no les parece importar porque han mejorado sus condiciones de vida y, en casi todos los casos, han podido lograr un empleo y enviar los hijos de regreso a la escuela.

11/2010

M.P, vecino de Hospitalet de Llobregat, vivía desde hace nueve meses ocupando "de patada" un piso vacío de protección oficial con su mujer y su hija menor de edad. Se convirtió en ocupa después de haber agotado el paro y no poder pagar el piso de alquiler donde vivía. Pero hace una semana recibió una orden de desahucio anunciándole que tenía que abandonar la vivienda de manera inminente. Finalmente, esta tarde ha decidido ahorcarse en plena calle, en el parque de las Setas, situado en la calle Can Trias de l'Hospitalet de Llobregat.

Según ha informado el presidente de la Asociación de Vecinos Carmen Amaya, Juan Álvarez, M.P se personó esta semana en el Ayuntamiento de la localidad para pedir que realojaran a su familia en un albergue "porque hacía mucho frío para quedarse tirado en la calle con su familia". Pero, según Álvarez, los servicios sociales del consistorio denegaron su petición. La misma fuente apunta que, como último recurso, el fallecido se personó en dos ocasiones, la última el mismo día del suicidio, para reclamar una demora de un mes en la ejecución del desahucio. Al no obtener una respuesta satisfactoria, a las cinco de esta tarde "ha salido con una cuerda de la vivienda que ocupaba" y ha decidido ahorcarse en el parque de las Setas, a pocos metros del piso que en pocas horas iba a tener que abandonar por la fuerza.

11/2010

Contratar una hipoteca es más caro. El tipo de interés promedio que aplican bancos y cajas subió en septiembre cinco puntos básicos, hasta el 2,65%. A su vez, el crédito al consumo se encareció 12 puntos básicos, hasta el 7,87%. Los préstamos hipotecarios llevan cuatro meses seguidos de subidas, y han vuelto a situarse en niveles del pasado febrero, cuando estaban en el 2,67%.

Por entidades, los bancos subieron los intereses a los créditos para lvivienda desde el 2,34% de agosto al 2,47% de septiembre, pero redujeron el de los préstamos al consumo desde el 8,67% hasta el 8,61%. A su vez, las cajas redujeron tanto los créditos para la compra de vivienda -desde el 2,78% de agosto al 2,76% de septiembre- como los del consumo, que pasaron del 7,96% al 7,86%.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas volvió a registrar en agosto un importante aumento, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en la provincia de Salamanca hubo 426, muy por encima de las 336 del ejercicio pasado, y con mucho más capital, que ha pasado de 33,2 a 43,9 millones de euros. Incluso son más que en julio, cuando hubo 415 operaciones, aunque por menos dinero, 48,2 millones de euros entonces.

Ni siquiera la subida del IVA en julio ha frenado a los compradores de vivienda después de un primer semestre de mucho movimiento ante la previsión de que al llegar la segunda mitad del año se frenaran las operaciones. No ha sido así en Salamanca, que es una de las pocas provincias de España donde aumentaron las hipotecas en agosto, con tres meses consecutivos al alza.

11/2010

l impacto de la crisis del sector inmobiliario se está plasmando en la caída de los precios. El repunte de las ventas por las restricciones de ayudas fiscales a partir del 2011 ha tenido un efecto colateral paralelo; los propietarios están bajando el precio de sus inmuebles a un ritmo nunca visto en España.

Idealista.com ha registrado en su base de datos un total de 22.772 recortes de de precios en inmuebles de segunda mano en España durante octubre. El dato es un 80% superior al del mismo mes del 2010 y un 15% al del mes anterior.

Un 6,5% del total de viviendas anunciadas en idealista.com realizó algún descuento en su precio durante octubre. La rebaja media realizada por vivienda se ha incrementado en octubre hasta llegar al 7,9%. El descuento medio fue de 25.042 euros y el montante total que supusieron todos esos descuentos equivale a 570 millones de euros, el más alto de todos los tiempos.

Madrid, Zaragoza y Barcelona han sido de nuevo las zonas donde más dueños decidieron recortar en octubre el precio de su inmueble. En total, un 10,8% de las viviendas de Madrid anunciadas en idealista.com bajó de precio en octubre, por un 8,3% en Zaragoza y Barcelona. Ceuta y Melilla, Lugo, Girona, Lleida y Ourense son las provincias donde mayores descuentos medios se hicieron, el 10% de recorte medio.

11/2010

Badia del Vallès conoce el paro como ninguna otra población de Cataluña. Con una tasa de desempleo que roza el 22%, esta ciudad, levantada en las postrimerías del franquismo para albergar a los obreros llegados del resto de España, también conoce bien los estragos de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria. El 99,9% de sus gigantescos edificios, que se alzan tan apiñados que permiten el milagro de albergar hasta 5.372 pisos en menos de un kilómetro cuadrado, son de protección oficial, pero ello no impidió que en los años del boom inmobiliario se especulara deliberadamente con ellos. Cientos de estos pisos fueron vendidos sin control a precios hasta tres veces superior a los permitidos para la vivienda social.

Fue un "fraude masivo", según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se podía vender por más de 40.000.

Según denuncian estas entidades, también entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades "por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado".

El escándalo quizás no habría salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las víctimas de este engaño inmobiliario, en su mayoría inmigrantes marroquíes. En los últimos dos años, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca. Estos son los casos de pisos vendidos ilegalmente que se conocen, aunque la Generalitat admite que el fraude es mucho mayor, de varios cientos de viviendas.

Las familias afectadas, tras intentar infructuosamente negociar con su banco, que inició los trámites legales para desahuciarlas, acudieron al Casal de l'Esquerra de Badia. Allí, asesoradas por abogados que revisaron todo su papeleo, descubrieron que habían sido víctimas de un fraude.Ante Adigsa, empresa pública de vivienda de la Generalitat a la que deben comunicarse las ventas de los pisos sociales, los compradores marroquíes habían firmado con el propietario una escritura de compra-venta por un precio modesto, que oscilaba entre los 6.000 y los 50.000 euros, dentro de los límites legales permitidos para las viviendas de Badia, que por decreto tienen la mitad del valor de la vivienda social de régimen general. El problema es que los propietarios habían cobrado a los compradores una suma entre tres y cinco veces superior a la escriturada, con lo que recibieron un jugoso pago en negro.

Ada Colau, del Observatorio Desc, destaca que el fraude no hubiera sido posible si las entidades financieras no hubieran concedido hipotecas por un valor que estaba a años luz del módico precio que en realidad tenía el piso. Además, agrega, estas hipotecas eran de "alto riesgo", ya que se daban a los inmigrantes "con el único aval de familiares y amigos insolventes, a veces sin trabajo y sin patrimonio". Colau denuncia que la desregulación hipotecaria "permite a los bancos dar estos créditos irresponsables para compra-ventas fraudulentas".

También la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recrimina el "altísimo riesgo" de estas hipotecas. Trilla reconoce que, con la connivencia de los bancos, se entró en un "juego muy peligroso" que ha estallado con la crisis, pero niega que la Generalitat hiciera la vista gorda ante estas ventas irregulares. "Las escrituras notariales y el contrato de compra-venta que nos presentaban ante Adigsa cumplían todos los requisitos. Las operaciones en negro que se realizaban al margen no podemos saberlas mientras no existan denuncias, y no las hubo", señala Trilla. La secretaria de Vivienda agrega que debía ser Hacienda la que controlara el dinero negro que recibieron los vendedores. Un portavoz de la Agencia Tributaria aseguró ayer que iniciarán las investigaciones sobre el caso si reciben las denuncias correspondientes.

La dimensión que ha adquirido el caso ha obligado a la Generalitat, a CatalunyaCaixa (entidad que concedió las hipotecas a la mayoría de los afectados) y al Ayuntamiento de Badia a pactar una solución para evitar la alarma social que hubiera generado un desahucio masivo de ciudadanos que fueron víctimas fáciles del fraude por su vulnerabilidad y, en muchos casos, por su desconocimiento de las leyes y del idioma de la sociedad que las acoge.

Tras largos meses de tira y afloja, la Generalitat ha logrado que la entidad financiera frenase los procesos de desahucio que solicitó. Según el acuerdo firmado, los afectados podrán entregar el piso a la caja y esta les condonará la deuda contraída al firmar la hipoteca. Es la denominada dación en pago, una solución que en España no se aplica. Con la crisis, miles de ciudadanos se han quedado sin vivienda por impago, pero ello no les ha librado de seguir pagando al banco hasta saldar la deuda hipotecaria.

En el caso de Badia, los afectados que entreguen la vivienda al banco podrán seguir en ella en régimen de alquiler subvencionado y con opción de recompra si su situación económica mejora. Para Alicia Barreira, la abogada que ha asesorado a la mayoría de los inmigrantes, esta "no es una buena solución" para los afectados. "Habría que declarar nulos todos los contratos de compra-venta que se hicieron al margen de la ley y obligar a los bancos a retornar a los afectados la parte que han pagado de su hipoteca".

Entre los inmigrantes hay confusión. Nadie de momento se ha acogido a la solución ofrecida por la Generalitat y CatalunyaCaixa. La entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones sobre las hipotecas concedidas en Badia, aunque sí ha confirmado la existencia del acuerdo con la Generalitat para que los afectados no se queden en la calle.

11/2010

ulio César Rodríguez, nacido hace 48 años en Quito (Ecuador), está condenado a exclusión social. Su error fue firmar un préstamo hipotecario en los años de la fiebre inmobiliaria en España. El préstamo existe, figura en los balances, pero jamás será cobrado. Es un crédito subprime, de alto riesgo. Nadie sabe cuántos hay. Esta es la historia de uno de ellos.

Rodríguez aterrizó en España el 6 de septiembre de 1996. Obtuvo papeles, trajo a su esposa y a sus tres hijos. Vivieron de alquiler en Aluche, al oeste de Madrid, por 375 euros al mes. A principios de 2006, había ahorrado 36.000 euros en diez años de trabajo. Entonces "todo el mundo compraba. Los anuncios decían: '¡No regale el alquiler! ¡Sea propietario!". Hizo el mismo cálculo que cientos de miles de españoles.

En una oficina de la inmobiliaria Tecnocasa expuso su situación. Tenía dinero y quería un piso. Ya no había que decir más. En la financiera de al lado le dijeron que su contrato indefinido de 850 euros al mes como mozo de almacén en H&M no era suficiente, pero podía sumar la nómina de su hermana, de 1.100 euros al mes como teleoperadora. Ella aceptó participar.

"Entonces, el de la oficina me dijo: 'Con estos papeles podéis comprar dos pisos en vez de uno". Y le explicaron cómo era posible que les dieran dos créditos. "Me dijo que la forma era abrir una cuenta, con ella conseguir un crédito y comprar un piso, y antes de un mes mover el dinero a otra cuenta de otro banco y hacer lo mismo con otro piso. Me dijo que si se tardaba más tiempo, los datos llegaban al Banco de España y ya no podía comprar nada".

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es un registro donde los bancos envían toda la información crediticia de sus clientes. Gracias a él, el supervisor y los propios bancos deberían poder detectar operaciones de crédito de alto riesgo, con grandes probabilidades de impago. Las entidades envían los datos de sus clientes una vez al mes. Es decir, lo que le explicaron fue que operaciones como la de Julio César y su hermana debían cerrarse con una diferencia de pocos días, de forma que el CIRBE no detectara que se estaba concediendo una hipoteca a alguien que ya estaba entrampado con otra. Rafael Mayoral, uno de los abogados que ahora asisten gratuitamente a Rodríguez, define todo el proceso como "una serie de operaciones, todas legales, cuyo objetivo final es cometer una ilegalidad: eludir el control de riesgos del regulador".

Con todo decidido, le anunciaron que hacía falta otra nómina más. Aceptaron la de su cuñado, a pesar de que ya era propietario de un piso y avalista de otro. En este punto de la historia, Rodríguez aún no sabía ni qué piso quería. De los que le ofrecían, le gustó el 1º izquierda del número 9 de la calle Valdecanillas, en San Blas. "No había que subir mucho y tenía mucha luz. Y yo me dije: 'Aquí, aquí estamos hechos".

La siguiente semana, Julio César se ocupó solo de abrir cuentas bancarias por orden de la gestoría. Primero llevó sus 36.000 euros a una caja de ahorros que le indicaron. "El técnico de la financiera levantó el teléfono, dio mis datos y dijo: 'Ya está, ya tienes el crédito aprobado. Ve para allá". Ese sería el crédito del piso de su hermana, en el que figuran como propietarios ella, él y su cuñado al 33%. Se enteraron de este arreglo en la mesa del notario. No era lo acordado, pero firmaron porque ya habían dado 9.000 euros de comisión a la agencia.

10/2010

Tal como en el lejano oeste, donde las fachadas eran de cartón piedra para simular prosperidad e importancia, así son las fachadas ocultas tras el fraude de la crisis subprime en Estados Unidos. Una oleada de pruebas demuestran que los grandes bancos, aquellos demasiado grandes para caer, incurrieron en prácticas fraudulentas para la ejecución de las hipotecas, llegando incluso a cometer auténticos delitos.

Firmas falsas, documentos adulterados u omitidos, forman parte del trasfondo cada vez más oscuro de la actual crisis. Los grandes bancos contrataron a falsificadores para dar curso a los préstamos. De hecho hasta el presidente Obama ha sido objeto de robo de firma. Los bancos argumentan que esos son simplemente “vicios de procedimiento” que no afectan la calidad del sistema. Pero la realidad dice otra cosa.

Los fraudes de estas empresas implican una cadena de pasos claves. El primer requisito es que exista crecimiento económico. Cuando la economía crece genera confianza e introduce la idea de solvencia hasta en los pocos solventes. Esto lleva al Segundo paso: conceder préstamos a los nuevos solventes, pues su solvencia les permitirá solventar los altos intereses del sistema.
Ambos pasos generan una retroalimentación positiva (u entropía positiva) que impulsa tanto al prestamista como al deudor en la espiral de la confianza. El tercer paso es el uso de las influencias recíprocas: Tanto del prestamista como del deudor ponen todo sobre la mesa para sacar adelante un crédito por 300.000 o 400.000 euros. La operación permite buenas ganancias y genera una alta rentabilidad durante la fase de expansión de la burbuja, dados los pasos uno y dos.

Cabe hacer notar que la expansión de la burbuja responde al mismo fenómeno del esquema ponzi: a medida que entra nueva materia prima demandante de crédito, dispuesta a cubrir los costos del préstamo, el gran globo de la burbuja se mantiene a flote, como un gigantesco Zeppelín surcando los cielos. Pero basta un pequeño crack, un pinchazo que desinfle el globo (es decir, caída en la clientela), para que nuestro gran Zeppelín se vaya a pique y arrastre con todo a su paso.

Interesa dejar en claro que en todo esto hay una parte de premonición. Es decir, se sabía que la burbuja era insostenible y por ello los hábiles ejecutivos de la banca diseñaron las dos opciones clásicas que permitieron mantenían el sistema anclado a tierra firme más tiempo del permitido. Con la sola salvedad de que en este caso lograban comprometer a los gobiernos y ciudadanos.

El primer mecanismo fue la creación de los Derivados de Deuda Colateralizada (CDO), que consistió en hacer paquetes con un gran volumen de estos prestamos hipotecarios y sacarles el timbre de la triple A, es decir hacerlos pasar por deuda de la máxima calidad, pagadera en toda circunstancia. El segundo mecanismo, curiosamente, fue asegurar estos CDO a través de los Derivados de Incumplimiento Crediticio (CDS), por si algo eventualmente fallaba y ocasionaba cierto barullo. Ambas operaciones cerraron el círculo del ganar-ganar. Porque ganaban si todo salía bien, y también si todo salía mal, algo que hasta hace algunos meses parecía un chiste de mal gusto.

Como vemos, no sólo Bernie Madoff estuvo involucrado en el millonario fraude. También miles de banqueros cometieron fraudes que hoy son investigados.

10/2010

Así, una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista –partido en el poder– al articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos de 2011 (PGE) propone conceder 295 millones adicionales a los 355 millones inicialmente previstos en préstamos participativos a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje que no pueden cumplir su plan de viabilidad y de las autovías de primera generación (la red de alta capacidad más deteriorada). El Ejecutivo lo justifica así: “Mayores necesidades”.

De esta forma, y una vez garantizada la aprobación parlamentaria de las iniciativas socialistas, el Ejecutivo debe conceder 1.100 millones a las concesionarias mediante estos créditos –450 millones de 2010, aún no liberados, y 650 de 2011–. La medida afecta a las grandes compañías, como Abertis, Acciona, Sacyr, ACS, OHL o FCC, entre otras.

En concreto, se añaden 115 millones extra a los peajes en problemas, por los “sobrecostes de las expropiaciones”. Éstos ya iban a recibir préstamos por 135 millones en 2011, por lo que finalmente contarán con 250 millones para tratar de evitar la quiebra (un 25% más que en 2010).

Fuentes de las constructoras aseguraron ayer a EXPANSIÓN que el apoyo llega sobre la bocina, ya que las autopistas radiales de Madrid están al borde de la asfixia. De hecho, los bancos han puesto en máxima vigilancia a diez de las mayores concesionarias –controladas, en su mayoría, por los grandes grupos de construcción nacionales–, ya que éstas podrían declararse insolventes en cuestión de meses, lo que activaría las garantías contractuales del Estado por 3.513 millones.

En cuanto a las autovías de primera generación, recibirán 180 millones extraordinarios, en concepto de “obras adicionales, alternativas y mejoras”. Ello se suma a los 220 millones ya previstos. Total: 400 millones. Un 60% más que en 2010.

- Atrasos. Además, la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero, avanzó que Fomento ya ultima los préstamos de 2010 para las autopistas de peajes –200 millones de euros, sobre todo para las radiales de Madrid–.

- Compensaciones. El salvavidas a las concesionarias no acaba ahí. El PSOE ha registrado otra adenda en la que promete establecer los “mecanismos necesarios” para compensar a las concesionarias por la reducción de peajes “por motivos de movilidad y seguridad vial”.

- Cuentas vivienda. En otra enmienda, el PSOE finiquita la incertidumbre de los poseedores de cuenta vivienda, que no perderán las deducciones practicadas hasta ahora cuando compren su piso a partir de 2011, aunque ganen al año más de 24.107 euros, cifra por encima de la cual se eliminará la posibilidad de desgravarse.

- El INE recula. El Instituto Nacional de Estadística resta 2,25 millones de la partida de “censos y encuestas”, para destinarlos a salarios y complementos de sus trabajadores. Es curioso que el 20 de octubre el presidente del INE, Jaume García, justificó en EXPANSIÓN que el aumento que obtendrá en 2011 se debía al mayor gasto para la partida que ahora recorta.

- Coche eléctrico. En otra iniciativa socialista el Gobierno da de baja una partida por un millón de euros para que la Fundación Instituto Tecnológico para la seguridad del Automóvil impulse el coche eléctrico. En su lugar, da el dinero al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por su “experiencia y capacidad en el ámbito de la gestión de campañas de comunicación y publicidad”.

- ‘Memoria histórica’. En aras de la austeridad, la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados entre 1936 y 1939 quedará suspendida hasta que se puedan pagar o devolver “sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones prioritarias”.

El recorte a la obra pública sustraerá 660.000 empleos
Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci), aseguró ayer que el número de desempleados en el sector de la obra pública puede aumentar en nada menos que 660.000 parados por los recortes en infraestructuras de los Presupuestos. “Si no se rectifica, en el sentido de reducir gasto corriente y ampliar gasto en inversión, llegaremos a una cifra de paro muy considerable que debería evitarse”, añadió.

El Presidente de Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, indicó que las empresas del sector no esperaban “mucho” de las enmiendas sobre el recorte en infraestructuras que se presentaron ayer. Además, aseguró que se sienten “muy defraudados” con los Presupuestos ya que “han adelgazado la inversión pública, en vez de adelgazar el gasto no productivo”. “Este ajuste creará más desempleo y menos crecimiento del PIB”, afirmó. El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras de Obra Pública, Javier Sáez Cosculluela, destacó la importancia de aplicación de la euroviñeta y dijo que “su
implantación es inevitable”.

10/2010

El Banco de España sigue con máxima atención -y relativa preocupación- la guerra de depósitos en la que ha entrado la banca. El mercado español es el único de Europa donde se vive esta tensa situación de máxima competencia por el ahorro de los clientes. Bancos y cajas ofrecen desde el 4% al 4,75% a un año, frente al 1,85% que ofrecen las Letras del Tesoro. Es decir, más del doble.

"Las entidades que acometan estas estrategias deben valorar, en función de sus fortalezas y de su rentabilidad, los retos que les plantean", dispara el Banco de España en el Informe de Estabilidad Financiera publicado ayer. El regulador menciona el estrechamiento del margen que sufren las entidades en los últimos tiempos. Y avisa de que la competencia por la captación del ahorro de las familias se traduce en un mayor coste de los depósitos nuevos, "lo que introduce un elemento de presión adicional sobre las cuentas de resultados". Por todo ello, asegura que esta estrategia "debe ir acompañada de un reforzamiento de la reducción de costes y de un aumento de la eficiencia".

Pero si el Banco de España lanza un toque de atención general, es más directo con las entidades que recibieron dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En su caso, dice el informe, "se habrá de actuar con especial prudencia a la hora de acometer estrategias de captación de depósitos precisamente por el apoyo público recibido, y acelerar al máximo la culminación de sus planes de integración y reestructuración".

Fuentes del sector consideran que la guerra por el pasivo debilita al sector en su conjunto. "Es lícito defenderse de los competidores, incluso si se ha recibido ayudas públicas. Pero todo tiene un límite", añaden. "Puede que una caja o un banco gane a corto plazo porque capte más dinero, pero puede perder si al final quiebra una entidad y tiene que acudir a su rescate", dicen estas fuentes. La competencia es libre, lo que dificulta la intervención del Banco de España. Sin embargo, parece claro que si después de este aviso no se apacigua la guerra, el supervisor podría actuar. Sobre todo si detecta que se daña la solvencia del sector, algo que ya ha empezado a suceder.

Pero el Banco de España no se preocupa solo por la guerra de los depósitos. También menciona los riesgos inherentes para bancos y cajas del desplome inmobiliario. Los problemas de pago de promotores, constructores y, en mucha menor medida, de los ciudadanos que compraron casas que ahora no pueden pagar lastra cada vez más las cuentas de las entidades de crédito. Mientras que la morosidad al ladrillo ha alcanzado ya el 10,9%, se mantiene en el 4,3% en el resto de actividades empresariales.

Según el documento hecho público ayer, los préstamos problemáticos concedidos para la construcción y la promoción inmobiliaria ascendían el pasado mes de junio a 180.800 millones de euros, con una cobertura del 26,6%. Estos 180.800 millones suponen un 41% de la inversión crediticia total del sector. Es decir, la banca no está segura de poder cobrar 4 de cada 10 euros que ha prestado al mercado que sirvió como locomotora en los años del boom.

El órgano que encabeza Miguel Ángel Fernández Ordóñez elabora esta estadística tan solo desde principios de año, por lo que no se puede analizar la tendencia a medio plazo. Pero llama la atención que en tan solo seis meses el volumen de créditos problemáticos ligados a la construcción haya crecido más del 9%.

Dentro de este saco de préstamos que nadie sabe si finalmente se devolverán, la parte más importante está formada por las deudas ligadas a inmuebles adjudicados y adquiridos por las entidades financieras -ya sea a través de la dación en pago o de otras fórmulas-. Los 70.000 millones que la banca había canjeado el pasado junio suponen casi el triple respecto al volumen de un año y medio antes.

Le siguen en importancia (ver gráfico) los créditos subestándar -aquellos de los que existen indicios que apuntan a que será difícil cobrarlos- y los dudosos -que se refieren principalmente a las cuotas impagadas en un plazo superior a 90 días-. Este tipo de impagos, sobre los que sí existe una base histórica más o menos comparable, han vivido en los dos últimos años una auténtica vorágine. Su crecimiento desde la segunda mitad de 2008 hasta junio de este año supera el 400%.

El Banco de España pide a las entidades transparencia cuando informen sobre su inversión potencialmente problemática en la construcción y la promoción, el grado de cobertura y sus estrategias de gestión. "En un momento de ajuste del sector inmobiliario, la falta de información puede llevar a la percepción de que la situación es peor que la realidad de dicha entidad", asegura.

10/2010