La ingente cantidad de viviendas construidas sin vender y la profunda recesión del sector inmobiliario han supuesto mordiscos en los precios de los pisos de hasta un 30%. Pero eso no ha facilitado el acceso a una casa a la mayoría de la población. En la otra cara de la moneda están las restricciones crediticias y, sobre todo, la voraz destrucción de puestos de trabajo. Un lastre, el del paro, que va ligado a un sector de la vivienda rígido, mayoritariamente en propiedad, que impide la movilidad laboral. Varios expertos reclaman reformar el mercado inmobiliario para impulsar el alquiler a través de ayudas, pero también eliminar la vivienda de protección pública (VPP). ¿No creará eso más exclusión? ¿Supondría eso ir hacia una política de cheques también en vivienda?
Tras la controvertida propuesta de crear un contrato laboral único, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboró un texto con medidas para potenciar el alquiler, que en España sólo supone el 13,2% de todo el parque de vivienda (hasta hace un año era el 11%, como indica el gráfico), muy lejos, por ejemplo, de Alemania, donde el 51% de sus ciudadanos arrienda su casa. La medida más polémica es la que propugnan algunos de los economistas que firman el documento: dejar de construir vivienda pública y crear un sistema permanente de subsidios al alquiler. El debate está servido. Todos los países europeos tienen un parque de VPP, aunque para arrendar. Y España ahí está a la cola: sólo un 1% de todos los pisos son de alquiler social, frente al 19% de Francia o el 21% de Suecia.
