El comité permanente de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha acordado exigir al Gobierno cambios en la legislación para que las personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca puedan liberarse de su deuda entregando la vivienda a la entidad bancaria.
Esta decisión se ha acordado tras la sentencia dictada la semana pasada por la Audiencia de Navarra en esa línea, que según José Luis Ramírez, portavoz del colectivo de jueces, puede generar "opiniones discrepantes" en otros juzgados y una "situación preocupante para la seguridad jurídica" si no se modifican las normas.
Durante su reunión en Málaga, la directiva de JpD también ha pedido una regulación del endeudamiento de las familias para evitar que, cuando se encuentren en una "situación económica complicada", como la pérdida del trabajo por la crisis, un concurso de acreedores liquide su patrimonio y los lleve a la indigencia.
"Deben incluirse medidas de carácter social que ponderen los intereses del acreedor, pero también del deudor, que tiene que hacer frente al sostenimiento de su propia familia", ha asegurado Ramírez, quien alerta de que tras la liquidación del patrimonio pueden seguir existiendo deudas que sean heredadas por los hijos.
Los jueces han solicitado que se modifique el proceso de ejecución, para impedir que los inmuebles se subasten por un valor muy inferior al del contrato, ya que cuando el banco modifica la tasación para obtener un beneficio que pueda perjudicar al deudor, podría ser "constitutivo de un delito de estafa".
Asimismo, JpD considera necesario que los poderes ejecutivo y legislativo permitan que el juez que lleve el proceso de ejecución pueda moderar o suspender el devengo de intereses de demora durante el período de regularización de los plazos periódicos del pago de las cuotas del préstamo hipotecario.
RECORTE DE DERECHOS
En cuanto al ámbito social, el colectivo de jueces ha manifestado su preocupación por el recorte de derechos que, según él, ha supuesto la reforma laboral, ya que "no ha generado más empleo", ni ha solucionado los problemas de contratación y precariedad.
Respecto a las pensiones, Ramírez ha expresado que su financiación debe garantizarse por vía presupuestaria, sin repercutir el descenso de los ingresos en las prestaciones.
La asociación judicial ha exigido también que el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General el Estado y el Parlamento aclaren si en las revelaciones de Wikileaks sobre España las autoridades americanas, la Fiscalía y los jueces han acordado paralizar o influir en procesos en curso en la Audiencia Nacional.
Por otro lado, el comité permanente de JpD ha reclamando seriedad en el debate sobre los modelos lingüísticos de las comunidades autónomas con idioma propio, ya que se trata de "lenguas cooficiales que está al mismo nivel que el castellano" y que "no suponen un coste adicional", sino la "garantía a un derecho constitucional".
A nivel interno, la directiva ha acordado la creación de una estructura organizativa "que no existe en ninguna otra asociación judicial" y que permite una defensa "más eficaz" de las condiciones profesionales de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.
