Se pueden establecer dos hitos que marcan el arranque del proceso de especulación inmobiliaria trepidante que se da en el Estado español desde hace 20 años:
a) El primero es la promulgación de la Ley del Mercado Hipotecario que formó parte de los Pactos de la Moncloa y el segundo, la promulgación del Decreto Boyer (Real Decreto-Ley 2/1995). Se inscribió en la tradición de la política pacificadora franquista de "cada operario un propietario" y sentó las bases para que las hipotecas se pudieran convertir en un negocio apetitoso para las entidades financieras.
b)El segundo supuso el pistoletazo de salida de la carrera de acoso y derribo de los inquilinos. Con este decreto, el entonces ministro del primer gobierno socialista y actual miembro del patronato de la fundación de Aznar (FAES) , eliminó de un plumazo toda la protección de los inquilinos prevista en la legislación franquista. Entre otras cosas, se eliminó la figura del contrato indefinido y su posibilidad de subrogación a parientes cercanos y se fomentó un alza espectacular de los precios de alquiler. Las Leyes de Arrendamiento Urbano (LAU) promulgadas en base al Decreto Boyer no hicieron sino agravar la situación. Por ejemplo, de 1985 hasta 1991 los contratos de alquiler tenían una duración mínima de un año, después del cual el propietario podía rescindir el contrato a su antojo; la LAU de 1994 fijó la duración mínima de los contratos a cinco años, pero como contrapartida permitió aumentos ilimitados de alquiler, agilizó los procesos de desahucio por impago y modificó el régimen de subrogación suprimiendo la segunda incluso en los contratos antiguos.
El objetivo declarado del Decreto Boyer y de las LAU sucesivas era hacer "aflorar" los pisos vacíos para fomentar el "mercado de alquiler". El resultado fue el contrario: el parque de pisos de alquiler cayó del 40% en 1960 a sólo el 15% en 2001 y 6% en 2005.
Fuente: Introducción del Libro El Cielo Está Enladrillado
