Badia del Vallès conoce el paro como ninguna otra población de Cataluña. Con una tasa de desempleo que roza el 22%, esta ciudad, levantada en las postrimerías del franquismo para albergar a los obreros llegados del resto de España, también conoce bien los estragos de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria. El 99,9% de sus gigantescos edificios, que se alzan tan apiñados que permiten el milagro de albergar hasta 5.372 pisos en menos de un kilómetro cuadrado, son de protección oficial, pero ello no impidió que en los años del boom inmobiliario se especulara deliberadamente con ellos. Cientos de estos pisos fueron vendidos sin control a precios hasta tres veces superior a los permitidos para la vivienda social.
Fue un "fraude masivo", según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se podía vender por más de 40.000.
Según denuncian estas entidades, también entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades "por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado".
El escándalo quizás no habría salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las víctimas de este engaño inmobiliario, en su mayoría inmigrantes marroquíes. En los últimos dos años, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca. Estos son los casos de pisos vendidos ilegalmente que se conocen, aunque la Generalitat admite que el fraude es mucho mayor, de varios cientos de viviendas.
Las familias afectadas, tras intentar infructuosamente negociar con su banco, que inició los trámites legales para desahuciarlas, acudieron al Casal de l'Esquerra de Badia. Allí, asesoradas por abogados que revisaron todo su papeleo, descubrieron que habían sido víctimas de un fraude.Ante Adigsa, empresa pública de vivienda de la Generalitat a la que deben comunicarse las ventas de los pisos sociales, los compradores marroquíes habían firmado con el propietario una escritura de compra-venta por un precio modesto, que oscilaba entre los 6.000 y los 50.000 euros, dentro de los límites legales permitidos para las viviendas de Badia, que por decreto tienen la mitad del valor de la vivienda social de régimen general. El problema es que los propietarios habían cobrado a los compradores una suma entre tres y cinco veces superior a la escriturada, con lo que recibieron un jugoso pago en negro.
Ada Colau, del Observatorio Desc, destaca que el fraude no hubiera sido posible si las entidades financieras no hubieran concedido hipotecas por un valor que estaba a años luz del módico precio que en realidad tenía el piso. Además, agrega, estas hipotecas eran de "alto riesgo", ya que se daban a los inmigrantes "con el único aval de familiares y amigos insolventes, a veces sin trabajo y sin patrimonio". Colau denuncia que la desregulación hipotecaria "permite a los bancos dar estos créditos irresponsables para compra-ventas fraudulentas".
También la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recrimina el "altísimo riesgo" de estas hipotecas. Trilla reconoce que, con la connivencia de los bancos, se entró en un "juego muy peligroso" que ha estallado con la crisis, pero niega que la Generalitat hiciera la vista gorda ante estas ventas irregulares. "Las escrituras notariales y el contrato de compra-venta que nos presentaban ante Adigsa cumplían todos los requisitos. Las operaciones en negro que se realizaban al margen no podemos saberlas mientras no existan denuncias, y no las hubo", señala Trilla. La secretaria de Vivienda agrega que debía ser Hacienda la que controlara el dinero negro que recibieron los vendedores. Un portavoz de la Agencia Tributaria aseguró ayer que iniciarán las investigaciones sobre el caso si reciben las denuncias correspondientes.
La dimensión que ha adquirido el caso ha obligado a la Generalitat, a CatalunyaCaixa (entidad que concedió las hipotecas a la mayoría de los afectados) y al Ayuntamiento de Badia a pactar una solución para evitar la alarma social que hubiera generado un desahucio masivo de ciudadanos que fueron víctimas fáciles del fraude por su vulnerabilidad y, en muchos casos, por su desconocimiento de las leyes y del idioma de la sociedad que las acoge.
Tras largos meses de tira y afloja, la Generalitat ha logrado que la entidad financiera frenase los procesos de desahucio que solicitó. Según el acuerdo firmado, los afectados podrán entregar el piso a la caja y esta les condonará la deuda contraída al firmar la hipoteca. Es la denominada dación en pago, una solución que en España no se aplica. Con la crisis, miles de ciudadanos se han quedado sin vivienda por impago, pero ello no les ha librado de seguir pagando al banco hasta saldar la deuda hipotecaria.
En el caso de Badia, los afectados que entreguen la vivienda al banco podrán seguir en ella en régimen de alquiler subvencionado y con opción de recompra si su situación económica mejora. Para Alicia Barreira, la abogada que ha asesorado a la mayoría de los inmigrantes, esta "no es una buena solución" para los afectados. "Habría que declarar nulos todos los contratos de compra-venta que se hicieron al margen de la ley y obligar a los bancos a retornar a los afectados la parte que han pagado de su hipoteca".
Entre los inmigrantes hay confusión. Nadie de momento se ha acogido a la solución ofrecida por la Generalitat y CatalunyaCaixa. La entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones sobre las hipotecas concedidas en Badia, aunque sí ha confirmado la existencia del acuerdo con la Generalitat para que los afectados no se queden en la calle.
