Los dramas de miles de personas que están siendo desahuciadas de sus viviendas se han ido colando en la agenda de políticos, expertos y entidades bancarias. Al código de buenas prácticas impulsado por el Gobierno se han sumado otras propuestas que llegan desde distintos frentes: Ayuntamientos, Colegios de Abogados, cooperativas y también desde el sector privado. La mediación va ganando adeptos como una fórmula para evitar, si no todos, algunos desahucios.
El pasado 9 de enero abría las puertas en Terrassa —localidad de 212.000 habitantes de la provincia de Barcelona— la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria, un proyecto pionero impulsado por el Ayuntamiento de la localidad (gobernada por el PSC e ICV) junto a su Colegio de Abogados y cuyo objetivo es mediar entre los afectados por las hipotecas y las entidades bancarias, facilitando que lleguen a acuerdos que satisfagan a ambas partes y reducir los desahucios.
El detonante del proyecto, cuenta Miquel Sàmper (decano del Colegio de Abogados de Terrassa), fue constatar que había una familia con dos menores durmiendo en un coche. Y ha sido posible por el empeño de la concejal de Vivienda, Lluisa Melgares (PSC), que tiene la intención de crear un parque público de viviendas con parte de los pisos de las entidades, aquellos que llevan años vacíos.
Parte del éxito de la oficina de Terrassa es que cuenta con fuerte apoyo político
Este viernes, durante una jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) dedicada a la problemática de los desahucios —Alternativas al desahucio de los deudores hipotecarios—, Sàmper hizo balance de los primeros dos meses y medio de vida de esta joven Oficina de Intermediación Hipotecaria. Desde el 9 de enero y hasta el 22 de marzo, los dos abogados que trabajan en ella atendieron 348 llamadas de teléfono e iniciaron 116 expedientes en distintas etapas del problema: afectados que prevén van a incurrir en impagos, que ya han fallado en alguna cuota o que tienen fecha de desahucio. De los 51 casos que han cerrado, la mayoría (el 68%) ha tenido una resolución positiva: la entidad ha ofrecido una alternativa al usuario (acuerdos de refinanciación, de carencia, dación en pago o suspensión del plazo procesal de lanzamiento).
“Al principio la relación con los bancos era... chocante”, dice Francesc Preixiens, uno de los dos abogados de esta oficina. “Pero poco a poco ha mejorado, están siendo más receptivos y se van consiguiendo cosas. No siempre se llega a soluciones. Si el piso ya está subastado es muy difícil, aunque también lo hemos conseguido en algún caso, e incluso hemos firmado algún alquiler social, aunque por lo general son reacios”. “A muchos de los afectados que se sobreendeudaron nadie les alertó de que estaban haciendo una locura, la banca lo sabe, como sabe que ahora no se puede ir de rositas”, continúa Sàmper. “Así que la acogida no ha sido mala, no les interesa adjudicarse más casas. Se da un escenario social tal que podemos mediar en favor de los necesitados sin ser contrarios a postulados bancarios”, concluye.
