El pasado 9 de marzo, Raquel Rolnik, la nueva Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda, presentó el Informe anual sobre la situación del derecho a la vivienda ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Observatori de Drets Socials DESC ha elaborado un resumen de este informe que documentamos aquí:
Este primer Informe está dedicado a la actual crisis global. Concretamente, la Relatora analiza el impacto de determinadas políticas habitacionales en la generación de la crisis, y cómo, a su vez, la crisis está repercutiendo en la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada.
Según el Informe, el principal detonante de la crisis ha sido el abandono de la política de vivienda en manos del mercado por parte de los poderes públicos. Así, y bajo supuestos criterios de racionalidad económica, los Estados han realizado cuantiosas inversiones para atraer capitales internacionales con el objetivo de que éstos asumieran la provisión de viviendas. Sin embargo, estos capitales en ningún caso han contribuido a facilitar el acceso generalizado a una vivienda adecuada.
En materia de vivienda más que en ningún otro ámbito, sostiene la Relatora, los gobiernos han pasado de proveedores directos al de facilitadores indirectos a través del mercado. Este nuevo papel, no obstante, no ha sido pasivo: ha implicado, además de la realización de inversiones, la creación de instituciones y regulaciones necesarias para asegurar beneficios al sector financiero.
La promoción del negocio inmobiliario ha tenido consecuencias debastadoras en la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada. En primer lugar, porque las ingentes ganancias del sector inmobiliario han sido posibles al precio de un sobreendeudamiento sin precedente de las familias.
El Informe destaca cómo la voracidad por obtener rendimientos financieros en un contexto de exceso de liquidez, llevó a los bancos a conceder créditos de manera indiscriminada, sobre todo para compra de viviendas. Esta política comportó la generalización de hipotecas de alto riesgo (subprime) tanto en Estados Unidos como en otros países, incluido el Estado español. Estas hipotecas se concentraron sobre todo entre los sectores de bajos recursos, que ante la falta de políticas públicas habitacionales, se vieron obligados a aceptar el sobreendeudamiento como única manera de acceder a una vivienda. En el caso español, por ejemplo, se llegó a financiar el 100% del valor del inmueble, a condonar intereses durante los primeros meses tratándose de gente joven, a prolongar las hipotecas (de 20 a 40 años) o a estimular las hipotecas con intereses variables.
El estímulo de la compra de viviendas en régimen de propiedad privada se hizo para reforzar la "seguridad" de los adquirentes. En la práctica, sin embargo, estas políticas han aumentado la vulnerabilidad de los compradores frente a los cambios económicos y financieros. A partir de datos del Consejo General del Poder Judicial, el Informe calcula que en España los embargos aumentarán en 2009 un 194% respecto a 2007, y que afectarán especialmente a la población de origen latinoamericano. Concretamente, estima que unas 180.000 familias latinoamericanas pueden perder sus casas debido a las dificultades para hacer frente a los pagos.
Según la Relatora, esta dejación de la vivienda en manos del sector privado ha reforzado la consideración de la vivienda, no como derecho, sino como bien de negocio e inversión. En ese sentido, se afirma que la especulación inmobiliaria ha ocasionado la "mayor burbuja de la historia" y se cita otra vez a España como uno de los países donde más ha subido el precio de las vivendas en relación con el incremento de los salarios.
La Relatora teme que la ausencia de una revisión profunda de las políticas adoptadas en los últimos años pueda incrementar la vulnerabilidad habitacional de las clases populares. Y considera que la actual crisis representa una oportunidad para impulsar políticas habitacionales que posibiliten el acceso universal a una vivienda adecuada. Para ello, la Relatora recomienda a los Estados que distingan entre la promoción del derecho a una vivienda adecuada y el estímulo del derecho de propiedad privada; que reconozcan las múltiples funciones de la vivienda más allá de la de un simple bien de inversión; que prioricen regímenes de tenencia seguros distintos a la propiedad privada como el alquiler asequible y estable en el tiempo; que atiendan las necesidades de las personas afectadas por la crisis y, en general, apremia a los gobiernos a que resuelvan la crisis habitacional con la misma urgencia y predisposición que exhibieron frente a la crisis financiera internacional.
