La crisis inmobiliaria estadounidense se ha hecho sentir con particular severidad en Florida, un área geográfica donde en los últimos cinco años, más de 100.000 familias han perdido sus casas por no poder asumir el pago de la hipoteca.

Hace unos cinco años que explotó la burbuja de las "subprime", una época en que los precios de los inmuebles subieron artificialmente, impulsados por un maquiavélico mecanismo de ventas que puso mucha a gente a pagar únicamente bajos intereses de sus hipotecas durante un tiempo, a cambio de que posteriormente la mensualidad subiría a la "estratósfera".

A consecuencia de ello, muchos propietarios – especialmente hispanos de bajos recursos y víctimas de la recesión y el desempleo – perdieron la capacidad de pagar sus hipotecas. Fue así como en todo el país, desde el 2008 a la fecha, han sido devueltas a los bancos, unas 340 mil casas o apartamentos por falta de pago. Un tercio de ellos en Florida, el segundo peor estado del país – el primero es Nevada, y le siguen Florida, Utah, Georgia, Illinois, Hawaii, Michigan y California.

En Estados Unidos, cuando un propietario deja de tener capacidad para pagar su hipoteca suele hacer una de dos cosas, abandona el inmueble de inmediato o se queda hasta que el banco lo lleve a los tribunales y un juez determina su desalojo, un proceso que puede tardar hasta dos años.

Sin embargo en Florida, la mayoría de los propietarios prefiere abandonar las casas de inmediato con lo cual se creó un problema. Ahora, muchos barrios están quedando abandonados lo cual levanta un problema de seguridad. Es que las autoridades, a brazos con drásticas restricciones financieras en muchos municipios por la crisis económica, han reducido, entre otros, los servicios de policía.

Según la oficina del gobernador de Florida, en el estado deambulan diariamente por sus calles alrededor de 60 mil personas que no tienen un techo donde abrigarse. Son los llamados "homeless", los "sin techo".

Casas para los 'sin techo'

Pero ahora, aunque sin el amparo de la ley, las casas abandonadas están comenzando a cobrar vida de nuevo, gracias a un poco conocido movimiento de raíces populares, iniciado por gente como Mark Guerette, que creó "Save Florida Homes", decidido a darle una utilidad a las casas abandonadas y aprovechando una vieja ley estatal de 1869, que autoriza la confiscación de las propiedades abandonadas que no sean reclamadas por sus propietarios en un plazo de siete años.

"Todas estas propiedades pueden ser usadas para hacer el bien a la gente", justifica Guerette que, tras identificar varias propiedades abandonadas en los condados al norte de Miami las ha entregado a personas sin techo, a quienes cobra un módico alquiler que ha sido invertido en arreglar los inmuebles. El alquiler se cobra por una cuestión legal, en caso de litigios con los bancos los ocupantes de las propiedades están protegidos de eventuales demandas.

"Hay alrededor de 4.000 personas sin techo en el condado de Broward [al norte de Miami] y la cifra crece continuamente. Pensé que podía usar estas casas y poner a la gente a vivir allí. Puede ser algo bueno", explicó Guerette al The New York Times.

Guerrete está teniendo problemas con ley por esto. Las autoridades de la ciudad de North Lauderdale, por ejemplo, creen que es un estafador, entre otras razones porque él y otras personas, van a juicio en diciembre para que las autoridades decidan si pagar los impuestos y mantener la propiedad en condiciones, es suficiente para apropiarse de ella, basado en la ley estatal de 1869 y otra nacional de 1859, que sirvió en esa época, para casos menos nobles: reclamar la propiedad de un esclavo si su dueño fallecía sin dejar un testamento.

Según el abogado del municipio de North Lauderdale, Sam Goren, por muy loables que sean las intenciones de Guerette, hay una realidad: de todos modos es ilegal ocupar una propiedad de la cual no se es dueño, sin el permiso de un tribunal.

Guerette nunca ha ocultado a sus "clientes" de que no es el propietario de los inmuebles abandonados. Pero a ellos no les parece importar porque han mejorado sus condiciones de vida y, en casi todos los casos, han podido lograr un empleo y enviar los hijos de regreso a la escuela.

Contratar una hipoteca es más caro. El tipo de interés promedio que aplican bancos y cajas subió en septiembre cinco puntos básicos, hasta el 2,65%. A su vez, el crédito al consumo se encareció 12 puntos básicos, hasta el 7,87%. Los préstamos hipotecarios llevan cuatro meses seguidos de subidas, y han vuelto a situarse en niveles del pasado febrero, cuando estaban en el 2,67%.

Por entidades, los bancos subieron los intereses a los créditos para lvivienda desde el 2,34% de agosto al 2,47% de septiembre, pero redujeron el de los préstamos al consumo desde el 8,67% hasta el 8,61%. A su vez, las cajas redujeron tanto los créditos para la compra de vivienda -desde el 2,78% de agosto al 2,76% de septiembre- como los del consumo, que pasaron del 7,96% al 7,86%.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas volvió a registrar en agosto un importante aumento, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, en la provincia de Salamanca hubo 426, muy por encima de las 336 del ejercicio pasado, y con mucho más capital, que ha pasado de 33,2 a 43,9 millones de euros. Incluso son más que en julio, cuando hubo 415 operaciones, aunque por menos dinero, 48,2 millones de euros entonces.

Ni siquiera la subida del IVA en julio ha frenado a los compradores de vivienda después de un primer semestre de mucho movimiento ante la previsión de que al llegar la segunda mitad del año se frenaran las operaciones. No ha sido así en Salamanca, que es una de las pocas provincias de España donde aumentaron las hipotecas en agosto, con tres meses consecutivos al alza.

Badia del Vallès conoce el paro como ninguna otra población de Cataluña. Con una tasa de desempleo que roza el 22%, esta ciudad, levantada en las postrimerías del franquismo para albergar a los obreros llegados del resto de España, también conoce bien los estragos de la crisis y del estallido de la burbuja inmobiliaria. El 99,9% de sus gigantescos edificios, que se alzan tan apiñados que permiten el milagro de albergar hasta 5.372 pisos en menos de un kilómetro cuadrado, son de protección oficial, pero ello no impidió que en los años del boom inmobiliario se especulara deliberadamente con ellos. Cientos de estos pisos fueron vendidos sin control a precios hasta tres veces superior a los permitidos para la vivienda social.

Fue un "fraude masivo", según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio de Derechos Sociales Desc, en el que participaron desde los propietarios de los pisos, que al venderlos vulneraron la limitación de precios que rige sobre la vivienda protegida, hasta las cajas que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que oficialmente no se podía vender por más de 40.000.

Según denuncian estas entidades, también entraron en el juego las inmobiliarias, que sacaron su tajada en forma de jugosas comisiones, y los notarios, que dieron por buenas estas dudosas operaciones de compra-venta. Las entidades acusan a las administraciones de no haber evitado estas irregularidades "por falta de control o simplemente porque miraban hacia otro lado".

El escándalo quizás no habría salido nunca a la luz si la crisis no hubiera dejado en el paro, y sin poder pagar sus desmesuradas hipotecas, a las víctimas de este engaño inmobiliario, en su mayoría inmigrantes marroquíes. En los últimos dos años, al menos 80 familias, algunas con todos sus miembros en el paro, se vieron obligadas a dejar de pagar la hipoteca. Estos son los casos de pisos vendidos ilegalmente que se conocen, aunque la Generalitat admite que el fraude es mucho mayor, de varios cientos de viviendas.

Las familias afectadas, tras intentar infructuosamente negociar con su banco, que inició los trámites legales para desahuciarlas, acudieron al Casal de l'Esquerra de Badia. Allí, asesoradas por abogados que revisaron todo su papeleo, descubrieron que habían sido víctimas de un fraude.Ante Adigsa, empresa pública de vivienda de la Generalitat a la que deben comunicarse las ventas de los pisos sociales, los compradores marroquíes habían firmado con el propietario una escritura de compra-venta por un precio modesto, que oscilaba entre los 6.000 y los 50.000 euros, dentro de los límites legales permitidos para las viviendas de Badia, que por decreto tienen la mitad del valor de la vivienda social de régimen general. El problema es que los propietarios habían cobrado a los compradores una suma entre tres y cinco veces superior a la escriturada, con lo que recibieron un jugoso pago en negro.

Ada Colau, del Observatorio Desc, destaca que el fraude no hubiera sido posible si las entidades financieras no hubieran concedido hipotecas por un valor que estaba a años luz del módico precio que en realidad tenía el piso. Además, agrega, estas hipotecas eran de "alto riesgo", ya que se daban a los inmigrantes "con el único aval de familiares y amigos insolventes, a veces sin trabajo y sin patrimonio". Colau denuncia que la desregulación hipotecaria "permite a los bancos dar estos créditos irresponsables para compra-ventas fraudulentas".

También la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, recrimina el "altísimo riesgo" de estas hipotecas. Trilla reconoce que, con la connivencia de los bancos, se entró en un "juego muy peligroso" que ha estallado con la crisis, pero niega que la Generalitat hiciera la vista gorda ante estas ventas irregulares. "Las escrituras notariales y el contrato de compra-venta que nos presentaban ante Adigsa cumplían todos los requisitos. Las operaciones en negro que se realizaban al margen no podemos saberlas mientras no existan denuncias, y no las hubo", señala Trilla. La secretaria de Vivienda agrega que debía ser Hacienda la que controlara el dinero negro que recibieron los vendedores. Un portavoz de la Agencia Tributaria aseguró ayer que iniciarán las investigaciones sobre el caso si reciben las denuncias correspondientes.

La dimensión que ha adquirido el caso ha obligado a la Generalitat, a CatalunyaCaixa (entidad que concedió las hipotecas a la mayoría de los afectados) y al Ayuntamiento de Badia a pactar una solución para evitar la alarma social que hubiera generado un desahucio masivo de ciudadanos que fueron víctimas fáciles del fraude por su vulnerabilidad y, en muchos casos, por su desconocimiento de las leyes y del idioma de la sociedad que las acoge.

Tras largos meses de tira y afloja, la Generalitat ha logrado que la entidad financiera frenase los procesos de desahucio que solicitó. Según el acuerdo firmado, los afectados podrán entregar el piso a la caja y esta les condonará la deuda contraída al firmar la hipoteca. Es la denominada dación en pago, una solución que en España no se aplica. Con la crisis, miles de ciudadanos se han quedado sin vivienda por impago, pero ello no les ha librado de seguir pagando al banco hasta saldar la deuda hipotecaria.

En el caso de Badia, los afectados que entreguen la vivienda al banco podrán seguir en ella en régimen de alquiler subvencionado y con opción de recompra si su situación económica mejora. Para Alicia Barreira, la abogada que ha asesorado a la mayoría de los inmigrantes, esta "no es una buena solución" para los afectados. "Habría que declarar nulos todos los contratos de compra-venta que se hicieron al margen de la ley y obligar a los bancos a retornar a los afectados la parte que han pagado de su hipoteca".

Entre los inmigrantes hay confusión. Nadie de momento se ha acogido a la solución ofrecida por la Generalitat y CatalunyaCaixa. La entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones sobre las hipotecas concedidas en Badia, aunque sí ha confirmado la existencia del acuerdo con la Generalitat para que los afectados no se queden en la calle.

Tal como en el lejano oeste, donde las fachadas eran de cartón piedra para simular prosperidad e importancia, así son las fachadas ocultas tras el fraude de la crisis subprime en Estados Unidos. Una oleada de pruebas demuestran que los grandes bancos, aquellos demasiado grandes para caer, incurrieron en prácticas fraudulentas para la ejecución de las hipotecas, llegando incluso a cometer auténticos delitos.

Firmas falsas, documentos adulterados u omitidos, forman parte del trasfondo cada vez más oscuro de la actual crisis. Los grandes bancos contrataron a falsificadores para dar curso a los préstamos. De hecho hasta el presidente Obama ha sido objeto de robo de firma. Los bancos argumentan que esos son simplemente “vicios de procedimiento” que no afectan la calidad del sistema. Pero la realidad dice otra cosa.

Los fraudes de estas empresas implican una cadena de pasos claves. El primer requisito es que exista crecimiento económico. Cuando la economía crece genera confianza e introduce la idea de solvencia hasta en los pocos solventes. Esto lleva al Segundo paso: conceder préstamos a los nuevos solventes, pues su solvencia les permitirá solventar los altos intereses del sistema.
Ambos pasos generan una retroalimentación positiva (u entropía positiva) que impulsa tanto al prestamista como al deudor en la espiral de la confianza. El tercer paso es el uso de las influencias recíprocas: Tanto del prestamista como del deudor ponen todo sobre la mesa para sacar adelante un crédito por 300.000 o 400.000 euros. La operación permite buenas ganancias y genera una alta rentabilidad durante la fase de expansión de la burbuja, dados los pasos uno y dos.

Cabe hacer notar que la expansión de la burbuja responde al mismo fenómeno del esquema ponzi: a medida que entra nueva materia prima demandante de crédito, dispuesta a cubrir los costos del préstamo, el gran globo de la burbuja se mantiene a flote, como un gigantesco Zeppelín surcando los cielos. Pero basta un pequeño crack, un pinchazo que desinfle el globo (es decir, caída en la clientela), para que nuestro gran Zeppelín se vaya a pique y arrastre con todo a su paso.

Interesa dejar en claro que en todo esto hay una parte de premonición. Es decir, se sabía que la burbuja era insostenible y por ello los hábiles ejecutivos de la banca diseñaron las dos opciones clásicas que permitieron mantenían el sistema anclado a tierra firme más tiempo del permitido. Con la sola salvedad de que en este caso lograban comprometer a los gobiernos y ciudadanos.

El primer mecanismo fue la creación de los Derivados de Deuda Colateralizada (CDO), que consistió en hacer paquetes con un gran volumen de estos prestamos hipotecarios y sacarles el timbre de la triple A, es decir hacerlos pasar por deuda de la máxima calidad, pagadera en toda circunstancia. El segundo mecanismo, curiosamente, fue asegurar estos CDO a través de los Derivados de Incumplimiento Crediticio (CDS), por si algo eventualmente fallaba y ocasionaba cierto barullo. Ambas operaciones cerraron el círculo del ganar-ganar. Porque ganaban si todo salía bien, y también si todo salía mal, algo que hasta hace algunos meses parecía un chiste de mal gusto.

Como vemos, no sólo Bernie Madoff estuvo involucrado en el millonario fraude. También miles de banqueros cometieron fraudes que hoy son investigados.