ALBERTO MAGRO. PALMA No son uno, ni dos. Tampoco100.000. Son más. Muchos más. Una marea de afectados con algo en común: les han embargado la alegría. Sus proyectos e ilusiones. El techo que les cobijaba. Su piso, su castillo. Sus sueños y su cuenta corriente. Hay tantos que no cuesta encontrarlos. Se llamán Clement, Marisol, Beatriz e Ibrahima. Cuatro nombres y catorce vidas, las de los suyos: una gota dentro de la ola de embargos que todo lo moja. Porque el mar de desahucios sube y sube. Ahoga. Empezó con el desalojo de 26.000 hogares en toda España en 2008, antes de que el tsunami de impagos echase de su casa a 52.000 familias más en 2009, que alcanzaron al cierre de 2010 la cifra de 150.000 en tres años de crisis. Y la ola sigue. Cabalga voraz a lomos de dos factores que son uno: la crisis inmobiliaria y la ley hipotecaria que la alimenta de embargos.

También en Mallorca, donde los datos de ejecuciones hipotecarias revelan que 2.600 familias perdieron la casa en 2009 y algunas más que esas siguieron sus pasos en 2010. Por eso es sencillo encontrar a gente como Marisol, que compró por 138.000 euros una vivienda que se tasó en 210.000 el día que se lo embargaron. Pese a ello aún le debe 50.000 euros al banco. ¿La atracaron? Casi: le aplicaron la legislación hipotecaria española, que permite al banco quedarse con el piso del hipotecado por la mitad del valor de tasación que tiene en el momento del impago. El momento del impago: hoy para muchos, justo hoy, cuando los precios de los pisos caen en picado hacia una agujero en el que las viviendas valen menos que la deuda que hubo que asumir para comprarlas.
Aunque en el caso la Marisol ni siquiera fue eso. Su vivienda no se depreció. Al contrario. La adquirió en 2006, antes de que la furia compradora se convirtiese en disparate. Y no dejó de pagar la letra hasta 2008, cuando se dio de bruces con el paro en el peor momento: el del inicio del desastre. "También me había quedado embarazada", añade, recordando la herida por la que aún se desangra su economía. Pese a los torniquetes. Porque lo intentó todo. Puso el piso a la venta. Nada. Buscó ayuda en familiares. Nada. Trató de negociar con la directora de su oficina bancaria. Agua y embargo. No hubo forma. "No aceptaban rebajarme la letra un tiempo y tampoco me daban ninguna alternativa. Solo querían el piso". Y no hay que ser muy mal pensado para encontrar la razón: una vivienda junto al centro comercial Ocimax que para entonces ya se tasaba en 210.000 euros podía salirle al banco a precio de ganga. Y así fue: "Por una deuda de 100.000 euros se quedaron un piso que valía el doble, no me devolvieron ni un euro de los que había pagado en años de hipoteca y aún me queda una deuda de 50.000 euros".
¿Cómo es eso posible? "Porque la ley tal como se está aplicando protege más a la banca que al ciudadano", responde Isabel Martorell, abogada y delegada en Mallorca de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), que considera injusta una legislación tan dura con el cliente que hasta en la cuna del liberalismo y la banca canibal la tachan de "severa". Así la califica el diario The New York Times, dentro de un reportaje de portada de título elocuente: "En España, la banca te quita el piso pero no la deuda".

Sólo en España
Porque mientras en Estados Unidos (y la mayor parte de Europa) la hipoteca queda zanjada con la entrega al banco de las llaves del piso (lo que se llama dación en pago), en España el hipotecado responde con todo su patrimonio. Y todo significa todo lo que tiene y todo lo que tendrá: coches, herencias, casas y avales. También sueldos: los que se están cobrando y los que están por cobrar. Porque la deuda es "imprescriptible", detalla Martorell. Imprescriptible: para siempre. Es consciente de ello Marisol, que sabe que cuando consiga un trabajo legal (ahora limpia por horas y cobra en negro), parte de su nómina irá a pagar al agujero de 50.000 euros. "En verano tendré trabajo y voy a seguir pagando a los que me han quitado el piso sin molestarse siquiera en negociar una opción menos dañina. No he tenido tanta suerte como los de Navarra".
Se refiere a la sentencia que ha reabierto la polémica, la que da por saldada la deuda con la devolución del piso. En ella la Audiencia Provincial de Navarra muestra una sensibilidad con la víctima del embargo ausente de la letra estricta de la ley. Por eso la sentencia es carne de excepción. Lo advierte un abogado especializado en finanzas, que ejerce en un banco de Mallorca y pide anonimato por razones que sus declaraciones dejarán claras: "Si preguntas por un punto de vista personal, muy pocos abogados te van a decir que eso sea justo. Desde un punto de vista ético y moral, lo más justo es que la deuda acabe cuando se entrega el piso. Pero ni el presidente de mi banco ni ningún presidente de banco lo ve así. Para ellos no hay personas, ni en su plantilla ni fuera: solo números. Y encima la ley en realidad les da la razón. Es infinitamente injusta si quieres, pero les da la razón así que seguimos y seguiremos embargando, porque esa sentencia de Navarra no tendrá recorrido salvo que se reforme la ley, y ni el PSOE ni el PP parecen dispuestos a ello", relata crítico, antes de describir en tono grave el día a día de una profesión que desde fuera parece dura y desde dentro lo es más. "Hay días que te quedas hecho polvo. En Navidad nos ordenaron ejecutar las hipotecas de varias familias. ¡En Navidad! Te ves en episodios horribles, como cuando tienes que ir con el cerrajero a tomar posesión del piso y está la gente dentro, gente que se lleva sus cosas como puede, con críos… una mierda, vaya. Aunque no me puedo quejar, porque lo peor lo pasan ellos".
Ellos. La mayoría se van en silencio, dice. Otros mascullan quejas contra el banco y los banqueros. Muy pocos se ponen violentos. Aunque los hay. Los bancos heredan así espejos hechos añicos, muebles destrozados, paredes pintarrajeadas, ventanas rotas e incluso puertas tapiadas con ladrillo. En eso está pensando Ibrahima. Le subastarán el piso en unos meses y el cuerpo le pide venganza. Quemar los campos antes de dejar el grano al enemigo. "Lo que no me pueda llevar va a quedar destrozado. Aquí han crecido mis hijas y ahora me lo quitan todo. Me tendrán que echar a la fuerza. El tiempo que pueda estar aquí me lo ahorro de alquiler", cuenta este padre de familia en paro, que atiende al cronista en el salón de su casa en Pere Garau. Ofrece té y vomita su enfado. "Me han destrozado la vida". Su vida. El sudor de su frente. "No sabes los sacrificios que hemos hecho para no perder el piso. Y lo peor es que en cuanto tenga un contrato me van a embargar el sueldo. ¡Me robarán otra vez!", brama enfadado, con la mirada en llamas y el puño cerrado, dispuesto a arrancar la pintura a dentelladas antes de irse. "Es que el banco no ha querido hablar nada. ¡Nada! Nada de refinanciar, nada de esperar a que consiga trabajo, nada de nada. Solo quieren el piso".

Sufren más los barrios
Y no es que el piso valga gran cosa: está en un barrio obrero, como la mayoría de los que se embargan en la Mallorca de la crisis. De ahí que sus propietarios se queden con una deuda abultada tras devolver las llaves. "Donde más han caído las tasaciones es en los barrios, así que los pisos valen muchísimos menos", explica Isabel Martorell, que exige que se aplique siempre "el precio de tasación original del piso". "Si el banco no hizo bien su trabajo no tiene que pagar por ello el cliente. Si no asumieron su obligación de utilizar la información que tenían en beneficio del cliente, que paguen y se responsabilicen económicamente como hacemos todos, como hacen los ciudadanos, que bastante tienen con entregar su piso", defiende esta abogada, que lamenta la pasividad que muestran la mayoría de los embargados. "La mayoría se desentienden,cuando la ley les da algunas opciones. Pocos saben que hasta el momento de la subasta pueden cancelar el proceso pagando las letras vencidas hasta la fecha, los intereses acumulados y las costas". Esa opción les da aire: con unos cientos de euros el proceso queda cancelado y el banco tendría que empezar desde el principio.
¿Cuánto tiempo se gana así? Pues entre uno y dos años: "Nos darnos prisa, porque a partir de 90 días de impago todos los pisos tienen que provisionarse [reservar una partida del banco para cubrir el impago] y los financieros nos dan caña a los abogados. Pero luego el proceso se demora. Se interpone la demanda y están tardando entre ocho meses y un año en resolver. Antes iba más rápido, pero hoy los juzgados están hasta arriba de trabajo". Y luego aún faltaría llegar a la subasta y el embargo. Es decir, se gana aire, pero sigue haciendo falta dinero para hacer frente a las letras vencidas.
Ibrahima no lo tiene. Tampoco Marisol. Ni Beatriz, de 32 años, parada desde 2008 y desahuciada hace unos días. Vivía con su hija en el Molinar. Y eso es lo que más le duele, ella, la niña, sus lágrimas, sus doce años de adolescencia ahora trasladada: "Lo ha pasado muy mal. Llora y llora. Lloró hasta el último día. Nuestro piso se subastó en noviembre, pero hasta el sábado pasado no me mudé". Apuró hasta el final. Sus apreturas económicas lo exigen. "Pagaba 700 euros de hipoteca. Cuando empezó la crisis y me despidieron en la tienda de muebles me pasó la letra a 970 euros. Mi banco no quiso negociar".

"El banco se quedó mi paro"
Y para rematar el golpe, a Beatriz se le ocurrió creerse los brotes verdes del Gobierno, la recuperación que iba a llegar y no ha llegado, falacia de consecuencias muy caras para ella. "Como decían que esto iba a mejorar pues dediqué todo mi paro a seguir pagando la hipoteca y mantener mi piso a toda costa. Al final se me ha acabado el paro y no puedo seguir con el piso. Así que mi paro también se lo ha quedado mi banco". Que pese a todo quiere más. ¿Cuánto más? "No lo sé, no he vuelto a ir por el banco [lo llama así aunque es una caja levantina], pero sé que en cuanto consiga trabajo con contrato me van a quitar el dinero". Que esa es otra: en el país de la economía sumergida hasta la ley hipotecaría anima a trabajar en negro. "En negro no te embargan el sueldo. Ahora hago de limpiador por horas, de camarero, de chapuzas… lo que sale. Pero en verano cuando me hagan contrato verás", teme Clement, 46 años, otro padre de familia embargado de Pere Garau que suspira por el sistema americano: devolver las llaves y vivir libre de deudas.
Es el sueño de Clement y el otros muchos. Miles. Cientos de miles. Tantos que encontrar gente embargada es tan sencillo como mirar los tablones y ventanillas de los juzgados de instrucción de Palma, empapelados con edictos de ejecución hipotecaria. Las hay de todos los montantes y bancos. No falla uno. Solo en el juzgado número 23 Diario de Mallorca contó más de veinte avisos de ejecución hipotecaria. Y lo mismo se puede decir del resto de salas. Abundan los casos en barrios humildes. Solo en una manzana, la de la calle San Rafael, en Pere Garau, el periodista visitó cuatro pisos de próxima subasta: los pobres sufren más la crisis provocada por los ricos entre los ricos.
Aunque también hay casas y mansiones en el tablón de embargos. Ese el caso de una deuda hipotecaria de 50.000 euros que se saldó con otra operación redonda para la entidad: el embargo de una casa en Son Sardina puesta como aval y valorada en 554.000 euros que el banco se quedó a mitad de precio tras quedarse solo en la subasta. ¿Queda algo para el ejecutado de los 50.000 euros de deuda y la casa-aval del medio millón de euros? El disgusto y nada más.
Y aún tiene suerte, porque para otros el disgusto es contagioso. Un efecto dominó que arrasa familias enteras. Es nuevamente el caso de Marisol, inmigrante ella y, como tal, víctima fácil: con papá y mamá a miles de kilómetros y sin recursos, los inmigrantes suelen avalarse unos a otros para comprar piso. Juan avalaba a Pedro, Pedro avalaba a Juan y el banco lo aceptaba pese a ser consciente del riesgo. ¿Pero qué ocurre cuando la vida se tuerce y Pedro deja de pagar? Pues que el banco se lleva por delante también a Juan. Dos desahuciados por la irresponsabilidad del mismo banco que se beneficia con la jugada. Le pasó a Marisol: "Mi avalista era el marido de mi tía y también le reclaman mi deuda".

PSOE y PP protegen a la banca
¿Hay algo que hacer? Poco hasta que se cambie la ley. Pero el Gobierno no quiere. "Sería perjudicial para la banca", dijo esta semana la vicepresidenta Salgado. Tampoco parece muy dispuesto a ello el principal partido de la oposición, que tiene entre sus militantes a banqueros como Rato y a candidatos dedicados a la ejecución de hipotecas como el abogado y aspirante del PP a la alcaldía de Palma, Mateu Isern. Por eso para la mayoría de los parados con hipoteca el despido es condena de arroyo. A empacar e irse. A recoger lo que se pueda y dejar atrás lo que no. A cambiar el dinero invertido y el piso por una deuda de por vida. "Cuando la gente se va mandamos a un transportista que lo recoge todo y lo tira. Cada entidad tiene su sistema", confiesa nuestro abogado anónimo, que sabe que en el sector hay de todo. Unos mandan transportista y otros chatarrero. Ya pasaron por casa de Marisol y de Beatriz. Pronto recogerán lo que quede de los pisos de Ibrahima y de Clement después de que el banco les embargue la alegría y tire los restos a la basura. La ley se lo permite. Y nadie la cambia.

El comité permanente de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha acordado exigir al Gobierno cambios en la legislación para que las personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca puedan liberarse de su deuda entregando la vivienda a la entidad bancaria.
Esta decisión se ha acordado tras la sentencia dictada la semana pasada por la Audiencia de Navarra en esa línea, que según José Luis Ramírez, portavoz del colectivo de jueces, puede generar "opiniones discrepantes" en otros juzgados y una "situación preocupante para la seguridad jurídica" si no se modifican las normas.

Durante su reunión en Málaga, la directiva de JpD también ha pedido una regulación del endeudamiento de las familias para evitar que, cuando se encuentren en una "situación económica complicada", como la pérdida del trabajo por la crisis, un concurso de acreedores liquide su patrimonio y los lleve a la indigencia.

"Deben incluirse medidas de carácter social que ponderen los intereses del acreedor, pero también del deudor, que tiene que hacer frente al sostenimiento de su propia familia", ha asegurado Ramírez, quien alerta de que tras la liquidación del patrimonio pueden seguir existiendo deudas que sean heredadas por los hijos.

Los jueces han solicitado que se modifique el proceso de ejecución, para impedir que los inmuebles se subasten por un valor muy inferior al del contrato, ya que cuando el banco modifica la tasación para obtener un beneficio que pueda perjudicar al deudor, podría ser "constitutivo de un delito de estafa".

Asimismo, JpD considera necesario que los poderes ejecutivo y legislativo permitan que el juez que lleve el proceso de ejecución pueda moderar o suspender el devengo de intereses de demora durante el período de regularización de los plazos periódicos del pago de las cuotas del préstamo hipotecario.

RECORTE DE DERECHOS

En cuanto al ámbito social, el colectivo de jueces ha manifestado su preocupación por el recorte de derechos que, según él, ha supuesto la reforma laboral, ya que "no ha generado más empleo", ni ha solucionado los problemas de contratación y precariedad.

Respecto a las pensiones, Ramírez ha expresado que su financiación debe garantizarse por vía presupuestaria, sin repercutir el descenso de los ingresos en las prestaciones.

La asociación judicial ha exigido también que el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General el Estado y el Parlamento aclaren si en las revelaciones de Wikileaks sobre España las autoridades americanas, la Fiscalía y los jueces han acordado paralizar o influir en procesos en curso en la Audiencia Nacional.

Por otro lado, el comité permanente de JpD ha reclamando seriedad en el debate sobre los modelos lingüísticos de las comunidades autónomas con idioma propio, ya que se trata de "lenguas cooficiales que está al mismo nivel que el castellano" y que "no suponen un coste adicional", sino la "garantía a un derecho constitucional".

A nivel interno, la directiva ha acordado la creación de una estructura organizativa "que no existe en ninguna otra asociación judicial" y que permite una defensa "más eficaz" de las condiciones profesionales de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.

Pagas como mucho un depósito de 6.000 o 12.000 euros por la casa. Sin bancos de por medio. Luego abonas una cuota de 300 a 700 euros mensuales, como un alquiler pero más barato y que te da derecho a usar la casa como quieras sin límite en el tiempo. No puedes venderla ni alquilarla, pero sí darla en herencia. Si te cansas, si te quieres ir, te vas; no hay hipoteca que te persiga. Dejas de pagar la cuota y, además, se te devuelve el depósito con la subida del IPC incluída.

No es ninguna ocurrencia trasnochada; es el proyecto de Sostre Cívic, una organización que lleva más de 5 años trabajando por encontrar un nuevo modelo de acceso a la vivienda que no dependa de la especulación y el abuso de inmobilarias, bancos y mercados. El modelo de Sotre Cívic no solo suena bien sino que ha pasado todos los filtros de rigor empresarial de Ashoka, una red internacional de filantropía que financia ideas de economía social con criterios muy exigentes.

El modelo tiene precedentes en Dinamarca o Alemania y nombre propio: cooperativa de uso. Eso significa trascender las cooperativas que se organizan solo para constuir y mantener la autogestión también durante el tiempo en que se vive en el edificio. Es una figura que no encaja bien en la mayoría de las leyes de vivienda que existen en España, con lo que Raül Robert, responsable de Sostre Cívic, se ha pasado los últimos cuatro años no construyendo y gestionando viviendas – como le habría gustado – sino “convenciendo a los técnicos de los Ayuntamientos y a los políticos de que esto tiene sentido, haciendo alegaciones a la actual ley de vivienda de Catalunya y promoviendo cambios en las normativas”. Su trabajo de pedagogía política dio frutos en marzo de 2010, cuando las leyes cambiaron para dar sitio al “derecho de uso” como fórmula que no es usufructo ni alquiler.

El reciente auto judicial que considera liquidado un préstamo hipotecario con la devolución de la vivienda al banco que lo concedió ha reabierto el debate sobre la legislación española. Ahora sucede que cuando un piso sale a subasta se adjudica casi siempre por un precio inferior a la deuda, por lo que el banco sigue persiguiendo al moroso contra todos sus bienes hasta cubrir lo que queda pendiente. Lo que por primera vez ha dicho la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra es que, como en su día BBVA tasó la vivienda muy por encima de la deuda que reclama, esta se considera saldada y solo se pueden exigir las costas del proceso y la liquidación de intereses.

La imagen del ciudadano que entrega sus llaves para liquidar la hipoteca ha sido muy habitual en Estados Unidos, donde el comprador solo responde con el bien hipotecado. En España sucede, pero puede no bastar. La clave está en quién asume el riesgo: en EE UU, lo hacen mayoritariamente las entidades financieras -aunque luego lo externalicen-, mientras que en España se lo queda el comprador. Ninguno de los dos países arroja un resultado alentador: ambos han terminado con un derrumbe inmobiliario y con el sistema financiero en crisis, mientras que miles de ciudadanos siguen acuciados por la posible pérdida de su vivienda.

Aunque la justicia tiene sus ritmos y la jurisprudencia solo la establecen dos sentencias similares del Tribunal Supremo, no es aventurado pensar que se pueden volver a dictar resoluciones similares, pues solo en 2010 se embargaron en España 180.000 viviendas, según el Consejo General del Poder Judicial. Ayer mismo se conoció otro auto novedoso dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona que también considera saldadas con la venta de la vivienda todas las deudas pendientes, no solo la hipotecaria, que mantenía una pareja de jubilados que se declaró en concurso de acreedores.

CiU propuso en diciembre que se debatiera una modificación de la Ley Hipotecaria en la línea de esas dos resoluciones, de manera que las entidades bancarias dejen de actuar contra el patrimonio del deudor si entrega la vivienda. Iniciativa per Catalunya también presentó una iniciativa similar en el Parlamento catalán para que fuera trasladada al Congreso.

El Gobierno siempre se ha opuesto a que la devolución del piso al banco liquide el crédito, lo que técnicamente se denomina dación en pago, pero, como recuerda la Audiencia de Navarra, el artículo 3 del Código Civil establece que las normas se interpretarán según la realidad del tiempo en el que han de aplicarse. Por eso, el tribunal entiende que es "moralmente rechazable" que el banco alegue la pérdida de valor de la finca para seguir persiguiendo al moroso por la hipoteca impagada, cuando esta no se hubiera concedido si el valor real de la vivienda garantizaba el préstamo. Y además, el tribunal recuerda que esa pérdida de valor "es directamente achacable a la crisis económica, fruto de la mala praxis del sistema financiero".

La abogada del bufete de Garrigues Isabel Arias admite que en ocasiones ha habido "tasaciones infladas" por parte de los bancos, pero añade que eso no se ha dado en todos los casos. "Lo que es duro es que si nadie acude a una subasta, de acuerdo con la ley la entidad se puede quedar con el bien por el 50% de su valor", prosigue. Y advierte de que si sentencias como la de Navarra se repiten, las entidades financieras acabarán por endurecer el acceso al crédito hipotecario.

El debate político y jurídico, pues, no ha hecho sino empezar. El 21 de febrero se reunirán los secretariados de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, para, entre otras materias, aprobar una propuesta conjunta de modificación de las leyes procesales y facilitar en algunos supuestos que las daciones en pago permitan liberar al deudor cuando pierde el piso, así como considerar las situaciones en caso de insolvencia.

"Las daciones en pago se dan cada día en España", recuerda el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo. Algunas entidades financieras llevan tiempo ofreciéndolas a los clientes que no pueden hacer frente al pago de su préstamo. Fuentes financieras explicaron que el banco puede recuperar el impago por vía hipotecaria o judicial. La primera es la más habitual, pero si el valor del bien ejecutado no es suficiente, se puede recurrir a completar el cobro con otros bienes patrimoniales del deudor. Pero no todas las entidades bancarias pueden permitirse perseguir a los impagados, ni que su tasa de morosidad escale sin cesar, por lo que a veces se opta por adaptar la cuota a las necesidades del cliente y, en otras, por una dación en pago.

No todas las entidades están ahogadas en el mismo grado por la morosidad, y tampoco existe una estrategia general. Prueba de ello es que algunas administraciones, como la catalana, han intentado alcanzar acuerdos para que, en caso de impago, los bancos y cajas se queden el piso a cambio de que el deudor continúe como inquilino. Pero esa opción prosperó en contadas ocasiones. Una de ellas es precisamente el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona referido al matrimonio de jubilados. La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, advirtió a principios de mes que la fórmula de la dación en pago para saldar la deuda es "difícil" que se lleve a cabo, puesto que pondría en "riesgo" a las entidades financieras. Aun así, Salgado criticó la imprudencia de las entidades que durante el boom concedieron préstamos a perfiles de alto riesgo y a familias que no previeron la imposibilidad de asumir la deuda contraída.

García-Montalvo recuerda que el modelo español y estadounidense son radicalmente distintos. La clave es quién concentra el riesgo. En Estados Unidos lo hacen los bancos; en España, el consumidor. "En EE UU basta con la devolución de las llaves. En España no es así", asegura. Además, las entidades norteamericanas también mantienen el riesgo de los tipos de interés. García Montalvo recuerda que la mayoría de los contratos allí son a un tipo de interés fijo -más caros pero seguros- y a 30 años, mientras que en España el 96% son a tipo variable. Pero la crisis financiera empezó rompiendo las costuras del sistema norteamericano. Allí las entidades financieras acabaron "convirtiendo las hipotecas en productos financieros y vendiéndolas en el mercado. Y para dar liquidez a estos paquetes, empezaron a recomprar parte de ellos", recuerda García-Montalvo. Ahí surgió la crisis de las subprime.