La Unión de Consumidores de España advierte de que la decisión del Banco Central Europeo va a desencadenar una avalancha de impagos

Esta medida lastrará las economías domésticas y la capacidad de ahorro de los españoles ya de por sí afectadas

Las ciudadanos españoles que tengan contratada una hipoteca van a sufrir un fuerte varapalo en los próximos meses. El Banco Central Europeo ha anunciado una subida de los tipos de interés en 25 puntos básicos, alcanzando el 1,25%, con la intención de contener la inflación en la eurozona. Según los cálculos de la Unión de Consumidores de España, la medida supondrá un incremento de 255 euros al año para una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años. Para aquellos que su hipoteca sea de 120.000 euros a 20 años la subida rozará los 190.

Sin embargo, pese a que el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, ha intentado frenar las especulaciones sobre próximas subidas, el mercado no descarta que los tipos de interés alcancen el 1,75% a finales de año. Esto significaría que en el primer supuesto, con una hipoteca media de 150.000 euros/30 años, serían 780 euros al año más lo que debería pagar una familia en esa situación. Para el segundo caso (120.000 euros/20 años), el incremento alcanzaría los 564.

Han sido dos largos años en los que los tipos se han mantenido estables. La Unión de Consumidores de España cree que esta subida, que calificamos de totalmente injustificada y precipitada, sólo va a provocar un mayor número de impagos por parte de los ciudadanos. El nivel de deuda de las economías domésticas, alcanza los 957.000 millones de euros, se incrementará indefectiblemente en los próximos meses. Y la imposibilidad de afrontar los pagos contraídos dejará al borde del desahucio a cientos de miles de familias.

La medida lastrará la recuperación de la economía española y, de nuevo, el pequeño consumidor vuelve a ser el principal afectado. A esta medida se suma, un índice de inflación del 3,6%, más la subida del Euríbor, que en los últimos 15 días ha superado el 2%.

La Unión de Consumidores de España rechaza tajantemente, por considerarla poco apropiada, la medida del BCE que debería haber tenido en cuenta las dificultades que sufren los ciudadanos en la lucha para salir de su propia crisis.

La casa debe saldar la deuda hipotecaria con el banco. Esta es la premisa sobre la que parte la asociación valenciana Jueces para la Democracia para abogar por una reforma del Código Civil al que consideran "injusto". En estos términos se expresa desde la asociación su portavoz Joaquín Bosch, quien sostiene que "los bancos no pueden pretender seguir obteniendo beneficios a costa de un endeudamiento de por vida de sus clientes, como sucede en muchos casos".
Los jueces progresistas sostienen que los bancos deben asumir sus responsabilidades sobre la crisis económica y financiera por la que atraviesa el país. Y sostienen que la dación de la vivienda como pago de la hipoteca debe ser considerado como un pago "justo", independientemente de cómo puedan llegar a fluctuar las tasaciones y los valores de las viviendas en el mercado en situación de bonanza o de crisis. Ya que, según exponen, "el banco aceptó una tasación y en función a ella, concedió una hipoteca. Por lo tanto, esa hipoteca vale lo que vale la vivienda. No hay por qué pagar más y endeudar al máximo a una familia que ya ha perdido su hogar", sostiene Bosch.
Sin embargo, los magistrados no ponen ahí el freno. "También habría que considerar que el nuevo texto legal, ya reformado, tuviera un carácter retroactivo. Para conseguir compensar a los ciudadanos que ya se encuentran en una situación desesperada", sostiene.

Una interpretación flexible
La ley hipotecaria española es flexible. En opinión de los magistrados, el Código Civil español no habla de la dación en pago como modo extintivo de las obligaciones, aunque da por supuesta la institución en los artículos 1.521 y 1.636, al tratar de los retractos, y en algunas otras disposiciones. Esto significa que se recoge la figura de la dación en pago como método de saldar la hipoteca pero defiende que el banco pueda perseguir y embargar bienes y cuentas hasta que quede totalmente liquidado el préstamo hipotecario si en la subasta de la vivienda el precio que se ha pagado por ella no ha conseguido saldar, en totalidad, la deuda contraída con el banco. "Una situación muy injusta para el hipotecado" subraya el magistrado Bosch.
Así la ley, los tribunales pueden dar la razón o no, y los bancos alegan actuar amparados por la ley que les permite el cobro de la totalidad del préstamo y sus intereses. Sin embargo, la condición social y la sensibilidad hacia una situación de crisis hace que los magistrados emitan últimas sentencias favorables hacia los afectados. En enero, la Audiencia de Navarra dictó, contra todo pronóstico, una sentencia en la que consideró devolver al banco un piso hipotecado como cancelación de una hipoteca. El juez argumentó que la causa de la crisis económica viene dada por "la mala gestión del sistema financiero y las hipotecas basura". Esa sentencia fue el inicio de un debate que ya ha llegado al Congreso. En febrero, los grupos parlamentarios de PSOE y PP confirmaron en el Pleno su rechazo a tramitar una proposición de ley de ERC, IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un compromiso establecido con Joan Ridao (ERC) accedió esta pasada semana a que el Congreso estudie la dación del piso a cambio de saldar la deuda hipotecaria con el banco al completo. Esta nueva actitud del Gobierno sorprendió hasta a la propia ministra de Economía, Elena Salgado, quien ya se ha adelantado a advertir que este tipo de medida supondría un peligro para el sistema financiero español.

Adicae recabará apoyo para cambiar la ley

El debate sobre si es conveniente o no modificar la actual legislación sobre hipotecas ha llegado también al último eslabón, el de los usuarios. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha celebrado este fin de semana una jornada con el único objetivo de reclamar cambios en la ley hipotecaria. Durante el evento se habló de la necesidad de una reforma en el sistema para acabar con los "innumerables abusos", como las cláusulas suelo, que hace que haya hipotecas que tengan un tipo mínimo limitado independientemente del euribor. Un extremo que ha sido también duramente atacado por las asociaciones de consumidores.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, indica que las más de un cuarto de millón de ejecuciones hipotecarias desde 2007 y el clamor social "creciente" contra los abusos en las hipotecas "hacen imprescindible un debate serio para lograr una regulación justa y razonable".
Por esta razón, Pardos critica la actitud "cerril" de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y de las entidades financieras, que se oponen a los cambios en virtud de sus intereses "mezquinos". La Asociación anunció que instalará cuarenta mesas informativas en veintiocho provincias de quince comunidades autónomas para recabar el apoyo de los ciudadanos a una reforma de la actual regulación hipotecaria.
En la Comunitat Valenciana, en los últimos cuatro años, más de 50.000 personas han perdido su piso por no poder hacer frente al crédito hipotecario. levante-emv valencia

Ofensiva para conseguir que la entrega del piso cancele la hipoteca. Mientras el Parlament ha acordado que se tramiten proposiciones de ICV-EUiA, ERC y Ciutadans para trasladar al Congreso la aprobación de los cambios legales necesarios, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) surgida en Cataluña ha echado a andar y llegará a la Mesa de las cortes legislativas el 30 de marzo.

El acuerdo en la cámara catalana ha sido posible después de que el grupo parlamentario de CiU retirara ayer las enmiendas a la totalidad que había presentado a las tres proposiciones.

En paralelo a estos trámites parlamentarios, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy en el Congreso y en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC en el Cámara Baja, Joan Ridao, que la dación en pago pondría en peligro la solvencia del sistema financiero español, aunque ha anunciado la creación de una subcomisión para debatirlo.

El portavoz de la Unión de Consumidores de Cataluña (UCC), Manel Ruiz, ha lamentado que los requisitos para que una firma sea válida, así como la presión de las entidades financieras, les pueda complicar el alcanzar esta cifra.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Ada Colau, ha subrayado la importancia de la retroactividad, ya que ha calculado que cerca de 500.000 familias podrían haber perdido su casa antes de que se pueda aprobar la ILP.

Los portavoces de los grupos promotores han coincidido en acusar a dichas entidades de dar crédito indiscriminadamente, y de aprovecharse de su posición y conocimientos sobre el mercado para abusar de los clientes.

Los grupos promotores de la ILP son Aiec-Adicae, CCOO de Cataluña, UGT de Cataluña, Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya, Observatorio DESC, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Unión de Consumidores de Cataluña y el abogado Martí Batllori.
CiU llama a no crear 'falsas expectativas'

En el pleno debate en el hemiciclo catalán, la diputada de CiU en el Parlament Meritxell Roigé ha compartido la preocupación por "la gravedad del estado de la situación" y ha hecho un llamamiento al resto de grupos para que no "hagan demagogia ni creen falsas expectativas" a la ciudadanía.

Roigé ha remarcado que lo que se debate hoy en el Parlament "no tendrá un efecto a corto plazo y no solucionará los problemas de los ciudadanos a día de hoy".

La diputada de CiU ha señalado "la necesidad de llevar a cabo una modificación legislativa", pero ha recordado que es el gobierno del Estado el competente en éste ámbito.

Asimismo, Roigé ha señalado que la máxima prioridad del Govern a día de hoy se centra en "la atención a las familias que están perdiendo la vivienda" para resolver los problemas que se deriven de ello, y ha anunciado el compromiso del ejecutivo en "iniciar la mediación entre la entidades financieras y los hipotecados".

Del mismo modo, el diputado del PSC Roberto Labandera ha señalado que la aprobación de la dación "no solucionaría el problema básico de las personas que han sido desahuciadas desde el 2007 hasta el día de hoy", aunque se ha mostrado favorable a modificar la ley.

Por parte del PPC, María de Llanos de Luna se ha mostrado a favor de un "debate responsable" que no puede dejar al margen el impacto que tendrían las reformas sobre el sistema financiero español.

"No se debe perjudicar a los hipotecados, pero se tiene que tener en cuenta el citado equilibrio", ha añadido la diputada popular, en una línea parecida a la expresada esta mañana por el presidente Zapatero.

Por su parte, el diputado de ICV-EUiA Savador Milà ha manifestado que para su grupo "la dación en pago no es una medida suficiente", ya que las familias pierden de igual manera la vivienda incumpliendo así "un derecho constitucional y lo que marca el Estatut", es decir, el derecho a la vivienda.

Alfons López Tena, por parte de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), ha acusado a CiU, PSC y PP de aprobar en el Parlament algo que después no aprueba en el Congreso, mientras que Joan Laporta, como diputado no adscrito, se ha mostrado a favor de la medida.

Para ICV-EUiA, se tienen que aplicar "medidas de segunda oportunidad", que permitan a las familias "negociar una opción de contrato de alquiler con opción de compra o alquiler vitalicio" para que dichas familias no pierdan la vivienda.

ERC y Ciutadans han coincidido en su propuesta de modificación de la Ley de enjuiciamiento civil para que la entrega de la vivienda sea una medida suficiente para liquidar la hipoteca.

Medio centenar de personas, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Región de Murcia, han impedido esta mañana que la entidad bancaria Banesto desahuciara a una familia con seis hijos, de una vivienda ubicada en la calle Peñón de Gibraltar de Molina de Segura.

El piquete ciudadano se había instalado media hora antes de la hora prevista para el desahucio, las 11 de la mañana, con la determinación de evitarlo. Finalmente, los funcionarios del juzgado de Molina, a pesar de que iban a acompañados por media docena de agentes de la Policía Nacional, desistieron.

Ahora, la familia tiene al menos tres meses de tregua hasta que reciban una nueva orden de desahucio, “aunque para esa vez vendrán con un amplio despliegue policial para ejecutarlo”, dijeron a VMPress fuentes de la plataforma.

Quince minutos después, el piquete ciudadano se dirigió a ocupar la sucursal de Banesto ubicada en la plaza del Casino de Molina, irrumpiendo por sorpresa y gritando consignas contra los banqueros.

El intento de un vigilante de seguridad de la sucursal de retener, o "detener" al portavoz de la plataforma, José Coy, terminó en un enfrentamiento entre el guardia y manifestantes indignados, produciéndose algunos empujones e insultos. Cinco minutos después de haber desalojado el banco voluntariamente, dos unidades de la policía nacional llegaban a la entidad, alertados por los empleados.

En la comarca de la Vega Media hay previstos cerca de 200 desahucios para 2011, 9.000 en toda la Región de Murcia.

José Coy explicó a VMPress que la familia “pierde la casa, pero también una condena de por vida. Hemos planteado la dación en pago al banco. Pero es una vergüenza que en esta tierra haya 400.000 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Los bancos tienen más de un 25% de beneficios, y los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres”.

Coy pide que “la gente se rebele, porque está naciendo un movimiento muy fuerte en el país. Hay que perder la vergüenza. Las entidades bancarias saben que hay deudas incobrables pero no ponen voluntad de resolver los problemas. La gente tiene derecho a empezar de nuevo. Hay una gran insensibilidad de los gobiernos de la nación y de la Región”.

El candidato de IU a la alcaldía de Molina, Antonio López Vidal, criticó que “los bancos no entienden de humanidad ni de dignidad humana. Lucharemos por esta y otras familias para que no vayan a la calle”.

Asimismo, entre los vecinos se encontraba Teresa Rodríguez, que será desahuciada de su casa de Las Torres de Cotillas el 24 de marzo, por la CAM. A pesar de que fue la misma caja la que propuso la dación en pago, ahora pretenden embargar y además reclamar una deuda de intereses de 90.000 euros: “Yo firmé el contrato de alquiler, con la cuota, y la dación en pago. Me dieron ilusiones y esperanzas en la CAM y me han engañado. Si me echan de mi casa, todavía me quedo con una deuda millonaria que se han inventado”.