Tras un año y pico y seis intentos de desahucio, a Lluís Martí, de la Bisbal del Penedès (Tarragona) le han notificado que la ejecución de su casa se suspende indefinidamente. Autónomo sin trabajo ni más prestación que 426 euros al mes, resume: “Se han dado por vencidos. Como dice un proverbio chino, si luchas puedes ganar o perder; pero si no luchas, estás perdido”. El desahucio de Martí, fijado por primera vez para septiembre del año pasado, fue el primero que paró la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Desde entonces, son casi un centenar los que han conseguido a través de las PAH que se frenen los desalojos forzosos en España, sobre todo en Barcelona, Madrid y Murcia, aunque en total hay medio centenar de plataformas de desafío ciudadano.

La de Martí y las que han venido detrás, amplificadas por el 15-M, se han convertido en victorias de un movimiento que ha tenido gran eco ciudadano, mediático y que se mueve muy bien por las redes sociales. Lo ha tenido la paralización de los desahucios y también la exigencia de una reforma de la ley hipotecaria que contemple la dación en pago —que la devolución del piso salde la deuda— con carácter retroactivo, que los deudores puedan quedarse en las viviendas afectadas pagando un alquiler social y que se paren los desahucios pendientes.

El impacto ha sido tal que ha obligado a los partidos políticos a posicionarse. “En poco tiempo las PAH han conseguido colocar el problema de los desahucios primero en la agenda mediática, judicial, con dos sentencias favorables a la dación en pago [de las audiencias de Navarra y Girona], y luego en la política”, señala el profesor de Ciencias Políticas y estudioso de los movimientos sociales, Jaime Pastor, de la UNED.

“El de la PAH es un movimiento de conquistas parciales”, analiza, y asegura que, programas electorales aparte, “el tema continuará en la agenda pública” y el próximo Gobierno “tendrá que plantear alguna medida al respecto, como una moratoria”. Favorito en todas las encuestas, el Partido Popular no habla en su programa de reformar la ley hipotecaria, pero sí de modificar la ley concursal “para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas”, garantías y “mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable”. Una forma ambigua de decir que, si alguien se declara insolvente y pierde su vivienda podría liberarse total o parcialmente de la deuda hipotecaria pendiente.

El programa del PSOE promete “la obligatoriedad de que las entidades financieras ofrezcan productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien hipotecado”. CiU habla de “favorecer la dación en pago mediante medidas fiscales”; IU-ICV apuesta por la dación en pago retroactiva; y UPyD propone un “apoyo activo al incremento de la oferta de créditos hipotecarios con dación en pago de la vivienda para amortización del crédito”. Las plataformas de afectados celebran haber posicionado el drama de los desahucios: más de 30.000 solo de enero a junio de este año, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Pero no se fían y dicen que su lucha continúa en paralelo a la contienda electoral. “Seguiremos vigilando porque no nos fiamos, las promesas son fáciles, pero las medidas planteadas hasta ahora, como los cuatro intentos de regular la dación en pago en el Congreso de los Diputados, han sido vetados por los dos grandes partidos”, recuerda la portavoz de la PAH de Barcelona, Ada Colau. Colau también reprocha que, ostentando el poder, el PSOE “no haya hecho nada” y que socialistas y populares hayan bloqueado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la reforma hipotecaria.

La ILP pasó el trámite del Congreso y el Senado en septiembre, pero se ha quedado en la Junta Electoral Central.

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, apunta que la actual ley hipotecaria ya contempla la dación, pero que encarecería las cuotas. “Para el sistema sería positivo, porque tendría más garantías, pero desde el punto de vista de los compradores individuales restringiría el crédito”, alerta, y sobre la dación retroactiva recuerda que “legalmente no hay forma, porque son contratos ya firmados”. Ante esta realidad, la apuesta del catedrático pasa por “facilitar al máximo la dación voluntaria” con acuerdos individuales entre endeudados y deudores.

Desde el punto de vista de las entidades financieras, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) también recuerda en respuesta por escrito que modificar la ley “supondría un beneficio para una minoría de prestatarios, a cambio de perjudicar a la mayoría —del 97%— que cumple puntualmente con sus obligaciones de pago”. En parecidos términos responde, igualmente por escrito, la Asociación Española de Banca (AEB): “Algunos cambios que se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario” y añade que en cualquier caso, las medidas que se adoptasen “no deben tener carácter retroactivo”. La AEB apela a medidas sociales para “paliar la situación de las familias que han perdido sus viviendas”. “Los problemas sociales no se pueden solucionar modificando aspectos técnicos del sistema hipotecario”, concluye, tras asegurar que antes de iniciar una ejecución hipotecaria las entidades “analizan todas las posibilidades de renegociar con el cliente”.

El PP defiende “mecanismos para liberar al deudor tras una ejecución”

Politólogos y sociólogos insisten en la fuerza del movimiento que pide una reforma de la ley. El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona Joan Subirats cree que “el movimiento conecta con la gente por muchos frentes: el engaño, la codicia, los parados, el discurso contra la forma de actuar de los bancos, las desigualdades”. Eso ha hecho posicionar a los partidos que habían esquivado el tema. “En el caso del PSOE está claro. Ante sus malas perspectivas busca elementos de acercamiento con el electorado, aunque no es creíble, porque podían haberlo hecho mientras han gobernado”. Subirats también destaca el papel del 15-M: “Desde el primer momento las PAH conectaron con el 15-M y entendieron la oportunidad de extender el mensaje”.

Uno de los portavoces de la Plataforma de Madrid, Vicente Pérez, cree que además de amplificar el mensaje, el 15-M ha contribuido a que la ciudadanía vea el movimiento contra los desahucios “con simpatía”.

“Así que no solo los partidos han incorporado el tema en sus programas, sino que se han cuidado mucho de no criticar”, apunta Pérez. Y lanza otro reproche: “Los partidos no hacen sino tratar lo que es un clamor, lo hacen por electoralismo”.

Las cajas avisan de que con la reforma el 97% pagaría más caros sus préstamos

El de las hipotecas y los desahucios era un tema “que los partidos no querían tratar”, asegura Jordi Mir, del Centro de Estudios de los Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Como estudioso de los movimientos, destaca el mérito de las PAH: “A veces ni ellos mismos, los activistas, son conscientes de su capacidad para cambiar las cosas. Si hoy sabemos qué es la dación en pago es gracias a ellos, si sabemos que en otros países no pasa, que en Francia se suspenden los desahucios en invierno, que nuestra legislación hipotecaria, con gente endeudada de por vida, no existe en ningún otro lugar del mundo... es gracias al trabajo primero de V de Vivienda y luego de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca”.

V de Vivienda clamó entre 2006 y 2008 contra los problemas de acceso a la vivienda y protagonizó sonoras manifestaciones en toda España, aunque la movilización ciudadana había arrancado en 2004 en Barcelona, de la mano del colectivo Miles de Viviendas, que ocupaba edificios vacíos, posteriormente, con los talleres y la movilización contra el acoso inmobiliario.

El primer desalojo paralizado por el desafío vecinal ha sido suspendido

Mir entiende que “ni los partidos más alejados de las posturas de la PAH se han podido desmarcar de una realidad que les devora”. Y alerta de que el apoyo ciudadano a la paralización de desahucios abre el melón del debate entre legalidad y legitimidad: “No pagar la hipoteca no es legal e impedir un desahucio, tampoco, pero la sociedad ha legitimado situaciones que no son legales”. Total, dice el experto, “las autoridades se han visto obligadas a hacer contorsiones y afrontarlos, porque los proyectos ciudadanos están supliendo las carencias de las Administraciones”.

Algunos expertos creen que la dación restringiría el acceso al crédito

¿Y en qué quedarán las promesas? Si el profesor Pastor está seguro de que ganará el PP y que su candidato, Mariano Rajoy, tendrá que hacer “algo”, Mir apunta que “está por ver si quienes gobiernan están en condiciones de hacer lo que prometen”. En paralelo, Subirats añade además que cada día que pasa el problema se agrava: “Es como echar gasolina al fuego, es de una magnitud que si no hacen algo es imparable”.

En la misma línea se pronuncia Ada Colau, de la plataforma de Barcelona. “Algo tendrán que hacer, porque el problema persiste y crece. La magnitud es tal que si no hacen algo el Gobierno tendrá problemas de gobernabilidad y les estallará en las manos”, advierte. Desde la casa de La Bisbal del Penedès de donde por ahora no será desahuciado, Lluís Martí, ha perdido la confianza en los políticos. “Los políticos y los bancos no hacen más que ayudarse mutuamente. ¿Y a nosotros quién nos ayuda? Solo lo hacen para ganar votos”, exclama.

El 17,63% de las hipotecas que se firmaron entre 2004 y 2008 "son de alto riesgo", según un estudio realizado por la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES). Este colectivo, de este modo, calcula que en 2015 se habrán ejecutado más de 700.000 desahucios de los cuatro millones de hipotecas firmadas entre 2004 y 2008, los años de la llamada 'burbuja' inmobiliaria en España.

Esta asociación estima que a los 170.627 desahucios que ya se han producido y a las 168.603 viviendas que se encuentran en la actualidad en proceso de ejecución hipotecaria, se sumarán otros 373.912 procedimientos hasta 2013. En total, el número de familias que perderán su vivienda es el equivalente a las hipotecas firmadas sólo en 2004.

El informe aclara que estas cifras contemplan el escenario más favorable. Esto es, sin aumento del desempleo y con el poder adquisitivo actual de las familias. Según AFES, la recuperación del mercado inmobiliario sólo será posible si se reactiva el crédito y si los precios se adaptan a la demanda.

El presidente de la asociación, Carlos Baños, apunta que a los bancos no les interesa quedarse las casas y convertirse en "las mayores inmobiliarias del país". Por ello, desde AFES se encargan de contactar con la entidad bancaria para conseguir la condonación total o parcial de la deuda, o bien la llamada 'dación en pago' (que permite saldar la hipoteca devolviendo el piso).

Algunos miembros del selecto club que formaban los nuevos príncipes de las finanzas, hombres sin pedigrí en el parqué que se habían vuelto muy avariciosos gracias a las enormes plusvalías obtenidas con el boom inmobiliario, pensaron aquel martes negro que solo se trataba de un susto, que el intrépido Enrique Bañuelos había llegado demasiado lejos y el mercado le estaba dando un toque de atención. Aquel 24 de abril de 2007, Astroc, la compañía de Bañuelos, se desploma en bolsa y ejerce un efecto contagio sobre las cotizaciones de las principales inmobiliarias. Pero el suceso no parecía ir más allá. Aquel día nadie hablaba todavía de crisis inmobiliaria, sino de ralentización. Es decir, seguía siendo un buen momento para seguir de compras. Para seguir gastando miles de millones de euros. "Había que bailar mientras sonara la música", explica un testigo de aquellos días.

Cuatro años y 200 días después de aquel martes negro, a los protagonistas de los años dorados del mercado inmobiliario se los ha tragado la tierra. No hay música sino silencio a su alrededor. Se esconden detrás de abogados o agencias de comunicación, expertas en el arte de no decir la verdad con buenas palabras, sin que se note demasiado. No aceptan entrevistas. No acuden a ningún acto social. No aparecen en reuniones sectoriales, ni están en condiciones de dar conferencias en escuelas de negocio. Algunos se debaten en la dura lucha por salvar su patrimonio personal y han vendido sus yates o sus jets, los dos signos externos que caracterizaron una forma de hacer negocio en España a base de suelo, cemento y unas grandes dosis de ambición. "¿Cómo le digo ahora a mi mujer que ya no podrá usar el avión para ir de compras a Milán?", le confesó uno de ellos a su abogado antes de tomar tan fatal decisión.

Aquel martes negro de abril de 2007, la cotización de Astroc cayó un 37,23% y provocó una reacción en cadena que no tardaría mucho en dejar secuelas. En diez días, el valor estrella de la bolsa española, cuya cotización había llegado a multiplicarse por 1.000, se desplomó un 63%. Así que fue algo más que un susto. Algunos bautizaron ese hecho como castatroc haciendo un juego de palabras: las acciones de Astroc habían pasado de valer 6 a valer 70, para luego hundirse a precios inferiores a los dos euros. La ruina. Ante las primeras señales de alarma que cundieron aquella jornada, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se limitó a explicar que se trataba de simples correcciones del mercado y que la desaceleración del sector inmobiliario sería "suave y gradual". La calidad de los pronósticos de Ordóñez no ha cambiado en todo este tiempo. Lo que hubo no fue una desaceleración. Fue un derrumbe.

Astroc no era la mayor empresa inmobiliaria, pero se había convertido en un símbolo. Nació y creció en los años de expansión. Era hija de la pujanza del sector. Era una empresa de aspecto moderno en manos de un empresario joven y dinámico, desconocido por las grandes familias, capaz de llevar la palabra del sector a la quinta avenida. Bañuelos tenía algo que a sus competidores les faltaba, un aire nuevo, un don de gentes inigualable y un buen dominio de la imagen: organizó una paella para 25.000 comensales en Central Park para darse a conocer en Nueva York. Sabía comportarse en cualquier ambiente, podía hablar durante horas (aunque fuera de sí mismo), mostraba un espíritu arrollador para los negocios y una confianza ciega en sus posibilidades: "A mí me dejan desnudo en Central Park y en 24 horas estoy paseándome por la Quinta Avenida en una limusina", llegó a decir. Esa frase todavía la recuerdan hoy los ejecutivos que la escucharon hace cinco años. Bañuelos llegó a captar para sus inversiones a algunos de los grandes empresarios españoles, como fue el caso de Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Tres meses después de aquel susto, Enrique Bañuelos dimitió como presidente de Astroc. Fue el primero en caer.

El desahucio de viviendas por impago del inquilino podrá acelerarse a partir de mañana, cuando entra en vigor la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que permite al propietario acogerse al sistema del proceso monitorio -rápido y sencillo- para la reclamación de las rentas y desahucio.

Esta norma, incluida en el plan de modernización de la Justicia del ministro Francisco Caamaño, acomete reformas destinadas a simplificar los procesos y acortar los tiempos de respuesta de los tribunales, mediante la eliminación de trámites innecesarios.

Entre otras, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) al permitir que, una vez presentada la demanda por impago, el secretario judicial dé diez días al inquilino para que abone la cantidad adeudada, abandone la vivienda o presente las alegaciones por las que se opone al pago.

Si transcurrido dicho periodo el demandado no ha realizado ninguna de las opciones, el secretario judicial procederá directamente a dar fecha para el lanzamiento (día en el que se hace efectivo el desalojo del inmueble), previa solicitud del propietario.

Hasta ahora, tras la demanda por impago el Juzgado señalaba la fecha del juicio, en la que se reconocía al propietario el derecho a recuperar su vivienda, así como la fecha del lanzamiento, lo que alargaba los plazos meses.

Con la reforma actual, el derecho a recuperar la vivienda puede ser reconocido en un plazo de diez días.

No obstante, el abogado del despacho Lusilla y Asociados, Sergio Lusilla, aseguró a Efe que "la reforma será insuficiente" si no va acompañada de la implementación de personal en los juzgados".

Según explicó, hasta ahora, el arrendador debe esperar meses para el desalojo, llevado a cabo por una comisión judicial que fija las fechas por riguroso orden de asuntos.

Hacen falta más medios humanos que practiquen los lanzamientos en un "tiempo breve" para que el arrendador no tenga que esperar meses a que el personal del juzgado se desplace a su vivienda, acompañada de la fuerza pública, para devolvérsela, apuntó.

Esta modificación de la LEC viene a completar la llamada Ley de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y Eficiencia Energética de los Edificios, denominada "Ley del desahucio exprés" que fue aprobada en 2009.

Esta norma redujo de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el momento en el que el arrendador exige por requerimiento el pago de las deudas atrasadas y el momento en que puede presentar una demanda.